"Sobre el controvertido cambio de denominación del Cementerio 'Santo Ángel de la Guarda y de algunas calles de Segovia"

"En el Pleno municipal del pasado día 30 de noviembre se aprobaron, con el apoyo del Grupo Municipal Socialista y el voto de calidad del alcalde Arahuetes, las propuestas del único concejal de Izquierda Unida sobre el inicio de expediente para el cambio de denominación del Cementerio "Santo Ángel de la Guarda" y de algunas calles con nombres militares, así como la modificación del uso religioso del que se llama en la moción "local denominado capilla". El Grupo Municipal Popular votó en contra de tan extemporáneas proposiciones. La apertura de expedientes a tal objeto ha levantado un enorme revuelo, rozando la alarma social, entre la población de nuestra ciudad, que en una proporción considerable se encuentra molesta con dichas ocurrencias, además de entender que no se trata de asuntos prioritarios para dilapidar el tiempo y el dinero de concejales y técnicos municipales en su instrucción y tramitación.

Sin lugar a dudas, estas proposiciones han prosperado por una aplicación muy forzada del "Acuerdo PSOE-IU para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Segovia durante el mandato 2011-2015", firmado el pasado día 10 de junio por Arahuetes y Peñalosa, gracias al cual Arahuetes, a pesar de haber perdido las elecciones municipales, detenta la Alcaldía.

Así, en el punto 8º del mismo se recogía el "compromiso de respetar el mandato de no confesionalidad, teniendo en cuenta tanto las tradiciones arraigadas en la cultura popular de la sociedad segoviana, como las relativas a los patronos de la Ciudad y Tierra"; mientras que en el punto 11º se reflejaba el "compromiso de cumplimiento de lo previsto en la Ley de Memoria Histórica". Pues bien, el único artículo aplicable de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura", es el artículo 15.1, que dice: "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos y menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevaci&oacute ;n militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Respecto al primer argumento legal, hay que considerar el superior rango de la Constitución Española, cuyo artículo 16 garantiza la libertad religiosa y de culto y, en su número 3, indica, entre otras cosas, que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". Por consiguiente, el texto constitucional ampara, dentro de la no confesionalidad, la utilización de la Ermita del cementerio, actualmente sacralizada, para usos religiosos de los católicos y de otras iglesias cristianas, de conformidad con los acuerdos que tengan entre ellas. Además, la adscripción de la Ermita del cementerio a la religión católica es así desde su creación (año 1821)  y tiene como marco jurídico las relaci ones entre la Iglesia Católica y el Estado Español y los convenios escritos o verbales entre la Diócesis y el Ayuntamiento de Segovia, que, en todo caso, el Ayuntamiento tendrá que respetar. A pesar de todo ello, el Grupo Municipal Popular  considera que la Ermita pudiera ser perfectamente utilizada para la despedida de los difuntos segovianos que así lo desearan, con independencia de sus creencias religiosas,  siempre que se respete el lugar conforme a su condición.

Otra cuestión diferente es el cambio de nombre del Cementerio "Santo Ángel de la Guarda". Desde 1720  existía allí una ermita dedicada al Santo Ángel, que recogía su nombre del  cerro donde se encuentra ubicado. Cuando el día 5 de agosto de 1821 fue inaugurado dicho cementerio nació con ese nombre del "Santo Ángel de la Guarda". Tal denominación se encuentra profundamente enraizada en todas las familias segovianas y su cambio de nombre sería una grave violación de la tradición y de la historia de la sociedad segoviana, que data de varios siglos.

Con relación al segundo argumento legal, el propio texto de la Ley de Memoria Histórica no contempla, salvo interpretación muy forzada, los supuestos de nombres de calles que se proponen retirar del callejero.  Por ello y atendiendo al criterio mantenido en el Ayuntamiento de Segovia desde hace ya tiempo de recabar la opinión de los vecinos y, no habiéndose producido esta circunstancia ni valorado el coste económico que puedan suponer   los mismos y dada su ubicación en lugares muy poblados y con abundante comercio, aparcamientos ,monumentos,  empresas de servicios y entidades financieras, su modificación generaría importantes molestias y enormes costes a los vecinos y empresas en ellas establecidas y por supuesto al propio Ayuntamiento.

En definitiva, los concejales del Grupo Municipal Popular pensamos que el Ayuntamiento de Segovia debe ocuparse de los temas que, de verdad, interesan a los ciudadanos,  no pudiendo supeditarse el interés de todos los segovianos por los arrebatos de esta "izquierda nostálgica".


Jesús Postigo Quintana, portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Segovia