El trabajo decente no es un privilegio

"La Confederación Sindical Internacional (CSI) aprobó, en su Congreso fundacional (Viena, 2006) la celebración de una Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD), el 7 de octubre de cada año.

El concepto de “trabajo decente”, acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se refiere al que se realiza respetando los convenios proclamados fundamentales por esta organización en 1998 –libertad sindical, derecho de huelga y negociación colectiva, prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso, y prohibición de toda forma de discriminación laboral– y que, además, es un trabajo que se realiza bajo contrato, con una remuneración justa y el derecho a unas prestaciones sociales básicas.

Las JMTD han tratado de llamar la atención a los poderes políticos y económicos, nacionales e internacionales, y a las sociedades, sobre las muy difíciles condiciones en que el modelo neoliberal de globalización mantiene a una mayoría de la población trabajadora de nuestro planeta. También han tenido un carácter reivindicativo en su exigencia de universalización de los derechos fundamentales del trabajo.

Universalizar el trabajo decente

La CSI considera, con toda razón, desde una posición internacionalista, que sólo la lucha en común de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo por el trabajo decente permitirá alcanzar los derechos del trabajo y una vida digna a quienes hoy no la tienen y al tiempo su mantenimiento para quienes en los países desarrollados los han alcanzado y se ven hoy sometidos a una fuerte ofensiva para deteriorarlos.

Desde 2008, la profunda crisis económica mundial que padecemos, provocada por la codicia sin límites de los especuladores financieros e inmobiliarios y la falta de regulaciones económicas y de gobierno democrático del mundo, ha producido un notable incremento del desempleo y un deterioro de las condiciones de trabajo en la mayoría de las naciones.
Se han perdido cerca de 40 millones de empleos; el número de personas sin trabajo ha subido a 205 millones, y el de trabajadores precarios a 1.450 millones, casi la mitad de quienes trabajan en el mundo. En Europa el número de parados asciende a 23 millones, en España rondamos los cinco millones, entre ellos el 46% de los jóvenes menores de 25 años.

En Castilla y León hay registradas más de 180.000 personas sin empleo, de las cuales 67.000 llevan más de un año en esta situación, siendo 83.000 el número de hogares en que todos sus miembros están en paro. En cuanto a la protección social, menos del 60% de los parados recibe algún tipo de prestación y de estos, 40.000 reciben el subsidio de desempleo, por haber agotado las prestaciones contributivas o no haber tenido derecho a ellas. En Segovia hay un total de 9.816 parados, cuatro mil de ellos llevan más de un año en esta situación. Cuatro mil quinientos hogares segovianos tienen a todos sus miembros desempleados. De estos desempleados, tres mil setecientos no perciben ningún tipo de prestación o subsidio.

El aumento de la contratación temporal es una constante en nuestro mercado laboral. Solamente 9 de cada 100 contratos registrados en Castilla y León son por tiempo indefinido. El 57% de los contratos temporales que se registraron durante el año 2010 en la Comunidad, tuvieron una duración de 6 meses o menos y solamente el 2,9% de los contratos temporales tienen una duración inicial superior a 6 meses.

El índice de rotación de los trabajadores castellano leoneses (contratos de 6 meses o menos sobre el total de contratos registrados) se sitúa en 2010 en el 52%, lo que supone un aumento de dos puntos respecto del año anterior, manteniéndose por encima de la media nacional.

Un trabajo seguro continúa siendo un objetivo irrenunciable para el conjunto de la sociedad, sin embargo, durante el año 2010, se produjeron en Castilla y León  32.465 accidentes de trabajo, 60 de ellos mortales, representando un aumento del 10% de victimas mortales con respecto al año anterior.

En cuanto a la Negociación Colectiva que es un derecho básico del conjunto de los trabajadores y uno de los pilares básicos del trabajo decente, en nuestra Comunidad Autónoma 150.000 trabajadores aún no podido renovar sus respectivos convenios colectivos, con el perjuicio que supone en la actualización y mejora de sus respectivas condiciones laborales. Situación que se agrava aún más, para los 35.000 trabajadores de Castilla y León que no tienen convenio colectivo de referencia, encontrándose con unas condiciones laborales absolutamente precarias.

Antes de la crisis, el programa de la ONU para alcanzar los llamados Objetivos del Milenio pretendía, entre otras cosas, que el número de personas que en el mundo viven en la pobreza absoluta, que conlleva la malnutrición, se redujese en 2015 a la mitad de los 800 millones que entonces había. ¡Hoy ha ascendido a 1.000 millones! Para alcanzar el objetivo faltaron por poner 50.000 millones de dólares de ayuda. No los hubo, y eso que sólo suponía ¡el uno por ciento de lo que se ha gastado en el salvamento del sistema financiero mundial!
Movilizarse contra los recortes de derechos y prestaciones sociales
A pesar de la gravísima situación que la economía y el empleo viven en Europa, desde mayo del año pasado las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales europeos han eliminado de sus objetivos la recuperación del crecimiento de las economías y la promoción del empleo.

Incapaces de gestionar la larga crisis de las deudas soberanas, a pesar de que existen medidas para ello, sólo se plantean como objetivos de sus “políticas de recortes” la reducción de los déficits públicos y de las deudas públicas. No sólo eso, sino que, contra toda evidencia, afirman que la creación de empleo se producirá por las llamadas“reformas estructurales” que no pretenden otra cosa que disminuir los costes laborales, las prestaciones sociales y el coste de los servicios públicos (a través incluso de su privatización), y debilitar la negociación colectiva y la fuerza de los sindicatos.

Es decir, nos quieren imponer como solución todo lo peor de las fracasadas políticas neoliberales que nos llevaron a la crisis. Y, además, han colocado a Europa al borde de una nueva recesión porque los brutales ajustes presupuestarios, en plazos muy cortos y sin consenso social, terminan por hundir las economías sin poder reducir los déficits.
La despiadada pérdida de empleo está privando a la clase trabajadora de su fuente básica de ingresos, y algunas reformas adoptadas por los Gobiernos al dictado de los intereses de los poderes y mercados financieros están atacando los tres pilares del trabajo decente: derechos, protección social y negociación colectiva.

El desempleo, el paro de larga duración, el crecimiento de la temporalidad y la precariedad… están incrementando las desigualdades sociales y empujando a un número creciente de personas a situaciones de pobreza y exclusión.

La reforma laboral de 2010, la eliminación del límite al encadenamiento de contratos temporales y el nuevo contrato de formación para jóvenes, aprobados por el Gobierno en el límite de su mandato, junto con la pérdida de cobertura de la protección por desempleo como consecuencia de la prolongación de la crisis, y los drásticos recortes del gasto público que están aplicando comunidades autónomas y ayuntamientos y que amenazan el mantenimiento de servicios y prestaciones sociales básicos, están rebajando las condiciones de vida de los ciudadanos y pueden llevarnos a una quiebra social injustificable.

Finalmente, el salario, uno de los principales indicadores del trabajo decente, muestra tendencias de evolución igualmente preocupantes: si en 2008 el porcentaje de quienes tenían un salario igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era del 8,9 por ciento, en 2009 ese porcentaje subió hasta llegar al 10 por ciento sobre un total de 15.256.200 asalariados. Más de uno de cada cinco trabajadores con baja remuneración vive en hogares con ingresos que están por debajo del umbral de pobreza.

En Castilla y León hay 30.000 hogares que viven por debajo del índice de pobreza relativa (menos de 500€ mensuales por hogar), lo que supone que 87.000 personas no disponen de suficientes recursos para cubrir unas mínimas necesidades básicas. Por todo ello, consideramos una prioridad situar en primer lugar a las personas, y por tanto al empleo y a las prestaciones sociales, la defensa de los servicios públicos fundamentales, en particular la educación, la salud y los servicios sociales y el derecho a la negociación colectiva.

Las organizaciones sociales y sindicales de Castilla y León que suscribimos este manifiesto consideramos que hoy, más que nunca, es necesario movilizarse en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, uniendo las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras españoles y europeos con el rechazo al modelo neoliberal de salida de la crisis y la exigencia de universalización del trabajo decente."