La Junta presentará un proyecto de ley de techo de gasto no financiero antes de que acabe 2011 para contribuir a la estabilidad de las cuentas públicas

La elaboración de un proyecto de ley de techo de gasto no financiero es uno de los compromisos que anunció el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura. Regulará la cuantía máxima que podrá alcanzar el Presupuesto de la Junta, cifra que dependerá de la evolución de la economía regional. Será establecida anualmente por el Consejo de Gobierno, para someterse acto seguido a debate y votación en el Parlamento autonómico.

En la misma senda de austeridad y contención, durante lo que queda de 2011 se confeccionará un Plan de Racionalización del Gasto Corriente para el conjunto de la legislatura, dirigido a reducir aún más esa partida. Recogerá medidas como el impulso a la Central de Compras, que permite que la Administración obtenga precios más bajos al realizar grandes pedidos. Para avanzar en este camino, el catálogo de suministros disponibles se extenderá como mínimo a la limpieza, la electricidad, el gas natural y los servicios informáticos.
 
La reordenación de espacios administrativos también permitirá conseguir importantes ahorros, puesto que se traducirá en la supresión de alquileres. Junto a esto y en estrecha colaboración con la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial, adscrita al área de Hacienda, se continuará con la cesión de bienes del patrimonio público a la iniciativa privada para su explotación a cambio de un canon, lo que eliminará costes de mantenimiento y ayudará a reactivar la economía y el empleo.
 
Asimismo, en el primer trimestre de 2012 se aprobará un Plan Anual de Auditorías que valorará de forma independiente y rigurosa la eficacia y economía de la gestión de los recursos públicos. De ahí que, entre otras iniciativas, medirá la eficiencia de las subvenciones más representativas.
 
Por el lado de los ingresos, la consejera trabajará para incrementar los que proceden del último sistema de financiación autonómica. A su juicio, se trata de un modelo fracasado que sólo aporta el 63% de los recursos de los Presupuestos, mientras que con el anterior ese porcentaje llegó a alcanzar el 78%. De ahí que Pilar del Olmo exigirá al Gobierno de la nación su revisión.
 
Otra vía de obtención de ingresos es la lucha contra el fraude, que se reforzará con más controles. En esta línea, la comunidad batallará para participar en la planificación de actuaciones de la Agencia Tributaria, así como para acceder a sus bases de datos.
 
Al reforzamiento del control ayudará la implantación de inmediato de una herramienta informática que aglutinará la información sobre la actividad financiera de todos los entes del sector público autonómico, lo que permitirá hacer un seguimiento del superávit o déficit público en tiempo real.
 
Un nuevo beneficio fiscal y mantenimiento de los existentes

Durante esta legislatura la Junta de Castilla y León reafirmará su apuesta por una política selectiva de reducción de impuestos. Así, la Consejería de Hacienda mantendrá los 43 beneficios fiscales que están en vigor, centrados en hacer más fácil la vida de las familias y los jóvenes y favorecer la creación de puestos de trabajo. Esto supone que se amplían a 2012 las dos deducciones temporales creadas este año para impulsar la construcción, que priman las obras de mejora en el domicilio y la reforma de inmuebles para adaptarlos a la Inspección Técnica de Edificios.
 
Con el mismo objetivo de incentivar ese sector, uno de los más castigados por la crisis, el Gobierno autonómico pondrá en marcha un nuevo beneficio fiscal el próximo ejercicio, que favorecerá la compra de la primera vivienda siempre que sea nueva.
 
Por otra parte, el área que dirige Pilar del Olmo retomará el estudio realizado por los grupos parlamentarios para el establecimiento de un impuesto de carácter medioambiental sobre la energía eléctrica, que sólo se aprobará si no incide negativamente en el desarrollo económico de la comunidad.
 
Más movilidad y mejor formación de los empleados públicos

En materia de función pública, la Consejería de Hacienda revisará las relaciones de puestos de trabajo de los empleados de la Junta de Castilla y León, sin que en ningún caso esto pueda suponer un aumento de los gastos de personal. Este proceso deberá estar concluido en el primer semestre de 2012 y busca un reparto equitativo de cargas y una mayor estabilidad de las plantillas.
 
Además se convocarán concursos de empleo público periódicos, enfocados a facilitar la movilidad del personal que presta sus servicios en la Administración autonómica. El primero se llevará a cabo antes del 30 de junio del año que viene.
 
La formación, que el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce como un derecho, será otro de los ejes de acción del departamento de Pilar del Olmo. De la mano de la Escuela de Administración Pública (ECLAP), se actualizarán los contenidos a disposición de los trabajadores, de modo que puedan aprovechar todas las innovaciones pedagógicas actuales y combinar la enseñanza presencial y on-line.
 
El diálogo con los representantes sindicales será una práctica continua durante esta legislatura, de modo que se alcancen acuerdos como la aprobación de un nuevo convenio colectivo del personal laboral. Junto a esto, se trabajará para reducir el número de contenciosos en los tribunales, mediante un sistema extrajudicial de resolución de conflictos que aproveche la estructura del SERLA.
 
Se abordará asimismo la actualización de la normativa de incompatibilidades de los altos cargos, a través de un proyecto de ley que se remitirá a las Cortes antes de que concluya 2011 y que acomodará esta regulación a los valores y el recto proceder que exige la sociedad actual.
 
Simplificación de trámites y teléfono único 012

La Consejería de Hacienda, que ha asumido el impulso de la calidad de los servicios públicos, está redactando ya un nuevo Plan Estratégico de Modernización Administrativa que reforzará el uso de Internet como herramienta para ganar rapidez y ahorrar costes. De ahí que se ampliarán las gestiones que pueden efectuarse en el enlace 'tramitacastillayleon' del portal virtual de la Junta (www.jcyl.es).
 
Junto a esto, se integrarán los distintos números de atención en el teléfono único 012, de manera que centralice toda la información y ofrezca más servicios a distancia.
 
En el caso de las empresas, la meta es avanzar en la simplificación de los procedimientos, de manera que sus cargas administrativas se hayan reducido el 30% al final de la legislatura. Como complemento de esto, la Junta implantará la factura electrónica y pondrá en marcha un Sistema Integral de Contratación Electrónica, que además de aligerar trámites y evitar desplazamientos garantizará una mayor transparencia de los concursos.
 
Por último, se creará un Club de Evaluadores en 2012, tomando como base el existente a nivel nacional, para asesorar, motivar e implicar a los distintos centros directivos en actividades de evaluación y mejora.
 
Todo con un fin claro, en palabras de Pilar del Olmo: conseguir una Administración autonómica más acogedora, proactiva, sencilla, transparente y cercana, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida.