Según los cálculos realizados por esta Organización la situación que se denuncia supone al sector el adelanto de cerca de 8 millones de euros por año de carencia, reduciéndose a partir del inicio de la amortización del principal.
Un año más los ganaderos que formalizaron préstamos bonificados están constatando que según el vencimiento del mismo las entidades financieras les están cargando en sus cuentas bancarias la cantidad que, en concepto de intereses, les corresponde abonar a las distintas Administraciones Competentes, circunstancia esta que está provocando un importante malestar entre los afectados pues, en algunos casos, ni disponen de la cantidad en cuestión lo que les acarrea todavía mayores problemas.
Según las estimaciones realizadas desde esta Organización esta situación está provocando que el colectivo ganadero se esté viendo obligado a anticipar una cantidad cercana a los 8 millones de euros (por año de carencia, reduciéndose a partir del inicio de la amortización del principal), cifra esta que las Administraciones posteriormente les reintegran, lo que supone que la bonificación de intereses no se ajusta a lo realmente establecido.
Cambios normativos
Ante todas estas circunstancias, la Unión de Campesinos de Segovia-UCCL exige que las Administraciones competentes introduzcan los cambios normativos correspondientes para que los ganaderos no se vean obligados a realizar ese anticipo de los intereses que les corresponden abonar al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y a la Consejería de Agricultura y Ganadería, para lo que es necesario que la parte de los intereses bonificados, según vencimiento, se ingrese directamente en la entidad financiera que corresponda y no como se viene haciendo hasta la fecha, primero paga el ganadero y después se le ingresa la cantidad correspondiente en concepto de bonificación de intereses de los préstamos formalizados en el año 2008.
Por último, conviene recordar que el número de ganaderos que en Castilla y León suscribieron durante el año 2008 préstamos ganaderos eran próximos a los 10.000 mientras que los que ampliaron el periodo de carencia y de amortización, con posterioridad, fueron más de 7.000 profesionales.





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