
En el verano más tórrido del último siglo y medio, las cuatro olas de calor de 2026 extienden el incumplimiento del nuevo objetivo legal aprobado para 2030 por la Unión Europea a seis de las doce zonas de Castilla y León, con 1,6 millones de habitantes. Ecologistas en Acción pide a la Junta de Castilla y León la urgente elaboración y aprobación de los planes autonómicos de mejora de la calidad del aire, en ejecución de las cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo.
Como cada otoño desde hace una década, Ecologistas en Acción ha publicado su informe anual sobre la contaminación por ozono en España, que analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 en casi 500 estaciones oficiales de medición, entre ellas 31 situadas en Castilla y León.
Desde el punto de vista meteorológico, el año 2026 ha sido muy propicio para la formación y acumulación de ozono, con un periodo primaveral muy cálido y de gran actividad vegetal, tras las cuantiosas lluvias invernales, y el verano más tórrido desde hace al menos siglo y medio, incluyendo cuatro intensas y prolongadas olas de calor y la avalancha de incendios forestales de los meses de julio y agosto, resultado todo ello del cambio climático global.
Si se tiene en cuenta el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más estricto que el objetivo legal y más acorde con la protección de la salud, el aire contaminado por ozono ha afectado en 2026 a la totalidad de la población castellana y leonesa. Durante este verano se han producido además 15 superaciones del umbral de información a la población, la cifra más alta desde hace dos décadas, en Soria y Valladolid.
Las seis zonas donde en el trienio 2024-2026 se ha incumplido el nuevo objetivo legal en al menos una estación (aglomeración de Valladolid, Cuenca del Ebro, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur y Soria y Demanda) suman 1,6 millones de habitantes, el 66 % de la población regional. Ecologistas en Acción pide a la Junta de Castilla y León la urgente elaboración y aprobación en todas ellas de los preceptivos planes autonómicos de mejora de la calidad del aire, en ejecución de las cuatro sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo dictadas desde 2018, para lo que ha pedido una reunión al Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.
La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año hasta 500 muertes en Castilla y León, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, afectando a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias. Durante el verano de 2026, el Instituto de Salud Carlos III ha estimado en Castilla y León un exceso de 340 muertes atribuibles al efecto combinado de las elevadas temperaturas y la exposición asociada a contaminantes como el ozono.
La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La Junta de Castilla y León se ha limitado a difundir un aviso rutinario durante los episodios de ozono en Soria y Valladolid, sin que el Ayuntamiento de Valladolid activara las medidas de restricción del tráfico previstas en el plan de alerta municipal. Y tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos de Burgos, León y Salamanca carecen de protocolos de actuación frente a los episodios de ozono.
Por último, las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, penalizar fiscalmente los vehículos diésel y una moratoria para las nuevas macrogranjas.






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