UGT cuestiona unos presupuestos volcados en las empresas mientras FES celebra las inversiones industriales en Segovia

El proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2027 ha provocado valoraciones muy diferentes entre UGT y la Federación Empresarial Segoviana (FES). Mientras el sindicato denuncia unas cuentas excesivamente orientadas a favorecer la actividad empresarial y alejadas de los problemas cotidianos de trabajadores y pensionistas, la patronal segoviana aplaude las inversiones previstas para desarrollar suelo industrial en la provincia.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, considera que el proyecto presupuestario no responde a la realidad salarial de cerca de un millón de trabajadores de la comunidad ni contribuye a redistribuir la riqueza entre las rentas del trabajo y los márgenes empresariales.

El sindicato recuerda que Castilla y León presenta uno de los salarios medios más bajos de España. Según los datos aportados por UGT, los trabajadores de la comunidad perciben alrededor de 3.400 euros menos al año que la media nacional, en un contexto marcado además por la temporalidad, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo.

Frente a esta situación, UGT critica que cerca del 20 % del presupuesto, más de 3.100 millones de euros, se destine a ayudas directas para la actividad empresarial. Lobo considera “inaceptable” que se entregue dinero público a empresas mientras buena parte del mercado laboral continúa asentado sobre la precariedad.

El sindicato no rechaza el apoyo público a la actividad económica, pero reclama que estas ayudas no se concedan sin condiciones. Entre sus propuestas se encuentra vincularlas a la mejora de los salarios, al acercamiento del sueldo medio de Castilla y León al del conjunto del país, al fortalecimiento de la negociación colectiva y a la creación de empleo estable y de calidad.

UGT también cuestiona la capacidad de las cuentas autonómicas para mejorar los servicios públicos. A su juicio, el presupuesto no permitirá reducir de manera significativa las listas de espera sanitarias, reforzar la educación pública ni afrontar con suficiente ambición el problema de la vivienda. Tampoco observa una estrategia capaz de frenar la despoblación y atraer habitantes a una comunidad que continúa perdiendo población.

Una valoración muy diferente ha realizado la Federación Empresarial Segoviana. FES centra su análisis en las inversiones destinadas a los polígonos industriales de la provincia y considera que estas partidas pueden ampliar la disponibilidad de suelo, facilitar la implantación de nuevas actividades y favorecer el crecimiento de las empresas ya existentes.

Entre las actuaciones contempladas aparecen cinco millones de euros para el polígono de Los Hitales, en Bernuy de Porreros; 2,5 millones para Las Mangadas, en Abades, incluyendo su ampliación, y una partida inicial de 300.000 euros para Prado del Hoyo, en Segovia capital.

El presidente de FES, Andrés Ortega, sostiene que disponer de suelo industrial acondicionado, con accesos, energía, abastecimiento, saneamiento y conectividad, resulta fundamental para atraer inversiones y permitir que las empresas puedan ampliar sus instalaciones. La organización empresarial vincula estas actuaciones con la generación de empleo y el desarrollo económico del medio rural.

Sin embargo, la valoración de FES se concentra en las infraestructuras y en las necesidades del tejido empresarial, sin abordar las condiciones laborales de los empleos que podrían generarse ni la conveniencia de exigir compromisos sociales a las compañías beneficiarias de las inversiones y ayudas públicas.

El debate, por tanto, no debería limitarse a decidir si es necesario invertir en suelo industrial. La cuestión también pasa por determinar qué retorno obtiene la sociedad de ese esfuerzo económico y bajo qué condiciones se pone el dinero público al servicio de la actividad privada.

El desarrollo empresarial puede contribuir a crear oportunidades en Segovia y en el conjunto de Castilla y León, pero para que ese crecimiento sea realmente útil debe traducirse en salarios dignos, estabilidad laboral, servicios públicos sólidos y posibilidades reales de construir un proyecto de vida. La inversión pública no puede medirse únicamente por el número de empresas que consigue atraer, sino también por la calidad del empleo y el bienestar que genera.