
Hay una diferencia entre defender el acceso a la vivienda y defender las condiciones del negocio inmobiliario. El comunicado de la Asociación Segoviana de Empresas Inmobiliarias (ASEINMO), integrada en la Federación Empresarial Segoviana (FES), pretende presentar ambas cosas como si fueran inseparables. Pero su discurso permite distinguir con bastante claridad dónde pone el acento.
Habla de las familias, de la emancipación de los jóvenes y de las dificultades para establecer un hogar en Segovia. Sin embargo, cuando llega el momento de concretar sus demandas, el protagonismo cambia: confianza para los propietarios, garantías ante los impagos, estabilidad para las inversiones, desarrollo de suelo y agilización de licencias. Las personas que necesitan una casa sirven para introducir el problema; quienes hacen negocio con ella ocupan el centro de las soluciones.
ASEINMO tiene derecho a representar los intereses de sus asociados. Lo discutible es presentar esos intereses como si coincidieran necesariamente con los de toda la sociedad. Que una operación inmobiliaria resulte atractiva no significa que la vivienda sea accesible para quien cobra un sueldo y necesita pagar, además del alquiler, la comida, la luz o el transporte.
El comunicado insiste en la incertidumbre que generan los cambios normativos entre los propietarios. Pero apenas se detiene en la incertidumbre de quienes buscan dónde vivir. La de no saber si podrán asumir la próxima mensualidad. La de tener trabajo y seguir sin poder independizarse. La de organizar una vida alrededor de una vivienda cuya continuidad no sienten asegurada. Esa inseguridad también merece ocupar titulares.
La asociación afirma que la protección de los inquilinos debe ir acompañada de garantías para los propietarios. Cabe preguntarse por qué el debate acaba siempre condicionado por lo que necesita quien posee el inmueble. ¿Dónde queda la exigencia de que una persona pueda acceder a un hogar sin comprometer una parte inasumible de sus ingresos?
También resulta significativo el modo en que se plantea la posible retirada de viviendas del alquiler habitual. Según el propio comunicado, algunos propietarios pueden optar por vender, alquilar por habitaciones o destinar sus inmuebles al alquiler de temporada. Se describe una elección económica, pero la responsabilidad del resultado se coloca sobre las normas. Como si las decisiones de quienes buscan otras condiciones de explotación fueran una consecuencia inevitable, ajena a cualquier interés particular.
Si preocupa tanto que desaparezcan viviendas destinadas a residencia estable, sería razonable reclamar también medidas que favorezcan su permanencia en ese uso. Sin embargo, el mensaje se concentra en acomodar las condiciones a quienes aportan los inmuebles. La necesidad de las familias aparece así convertida en argumento para reforzar la posición de la propiedad.
Construir y rehabilitar pueden formar parte de la respuesta. Pero pedir más viviendas sin concretar para quiénes, a qué precios y con qué garantías de acceso deja sin contestar la pregunta principal. Un piso disponible que una familia no puede pagar no resuelve su problema. Amplía la oferta comercial, pero no necesariamente sus posibilidades de tener un hogar.
En su comunicado, ASEINMO no concreta compromisos sobre alquileres vinculados a los ingresos de la población, vivienda protegida o condiciones de acceso para quienes quedan fuera del mercado. Sí detalla, en cambio, los obstáculos que afectan a la inversión y los costes que intervienen en el precio final. Esa diferencia dice mucho sobre sus prioridades.
No hace falta atribuir intenciones personales a nadie. Basta con leer qué se reclama y qué queda sin desarrollar. Mi lectura es clara: el acceso a la vivienda funciona como justificación de un discurso cuyo objetivo principal es defender las condiciones del negocio inmobiliario.
Y esa es la cuestión que conviene señalar sin rodeos. Segovia necesita una política de vivienda que se mida por las personas que consiguen vivir dignamente en ella. El éxito no puede consistir únicamente en que haya más operaciones, más suelo desarrollado o más seguridad para invertir. Debe consistir en que quienes necesitan una casa puedan pagarla y permanecer en ella.
Porque cuando la tranquilidad del negocio ocupa todo el espacio y la de los habitantes queda en segundo plano, la prioridad resulta evidente. Por mucho que el comunicado se presente en nombre de las familias.



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