
Los estatutos de la Fundación Torreón de Lozoya especifican que los patronos no representan a la administración que los elige.
El Pleno ordinario de este viernes votará la propuesta de designación de un patrono por parte del Ayuntamiento para formar parte del patronato de la Fundación Torreón de Lozoya, antigua Fundación Caja Segovia. Izquierda Unida critica que, como señalan los estatutos de la fundación, este nombramiento tenga que realizarse en términos de «designación» y no de «representación», es decir, que la persona elegida será patrono a título personal y no institucional.
La propia fundación ha remarcado esta condición en el escrito dirigido al Ayuntamiento para solicitar el nombramiento del patrono. Para IU, esta circunstancia supone un obstáculo para la transparencia y el adecuado control dentro del propio órgano. No tiene sentido que una administración pública como el Ayuntamiento designe a una persona para formar parte del patronato y que esta actúe a título individual, y no en nombre de la institución que le ha encomendado esa función, pudiendo llegar a tomar decisiones en contra de los intereses de esta.
La participación de personas elegidas por el Ayuntamiento en cualquier órgano o fundación debe estar sometida a un control público. El patrono designado por parte del consistorio debería dar cuenta de todo lo que se trata en el órgano en cuestión, especialmente en este caso, ya que la Fundación Torreón de Lozoya gestiona un patrimonio muy importante: el de la extinta Caja Segovia.
Izquierda Unida critica especialmente el hecho de que esta fundación prefiera que no sea un concejal quien forme parte de su patronato. Esta preferencia denota, a juicio de IU, un interés por que no haya una fiscalización adecuada de su actividad. Precisamente, sería más que adecuado que un concejal, elegido por la ciudadanía de Segovia, fuera quien participara en el patronato y pudiera informar con regularidad al resto de grupos de lo que se trata en el mismo.
Izquierda Unida señala que el conjunto de bienes que gestiona la Fundación Torreón de Lozoya pertenece a la ciudadanía, ya que el patrimonio de la desaparecida Caja Segovia se adquirió gracias a los ahorros de los segovianos y segovianas que tenían allí su dinero. Es motivo más que suficiente para que este patrimonio tenga que estar sometido a control público.
La formación se pregunta qué autoridad se atribuyen los responsables de esta entidad para poder actuar a su antojo y gestionar el patrimonio anteriormente referido sin ningún tipo de fiscalización por parte de las administraciones e instituciones que designan a sus respectivos patronos. Para IU, debería modificarse el artículo de los estatutos que especifica que los nombramientos no se realizan en términos de representación y que establece su carácter «individual».
El grupo municipal recuerda que el patronato aprobó un perjudicial acuerdo con Bankia en julio de 2017. Con este acuerdo, se cedió a Bankia la participación de la fundación en el edificio que ambas entidades compartían en la avenida del Acueducto y que estaba valorado en 1,5 millones de euros. De esta forma, el edificio pasó a ser propiedad al cien por cien del banco.
Dicho acuerdo de 2017 también supuso la retirada de la fundación como acusación particular en el caso de la hipoteca del Torreón, lo que provocó el sobreseimiento de la causa. Esto libró a varios miembros del PP y del PSOE de sentarse en el banquillo, entre ellos el actual presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente.
IU remarca que los casos de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia y de la hipoteca del Torreón de Lozoya generaron una enorme indignación entre la sociedad segoviana. Por ello, ha de haber la mayor transparencia posible en torno a la fundación que administra los bienes de la extinta caja de ahorros, y eso empieza por que los patronos actúen en representación de la administración que los designa.
Izquierda Unida ya criticó en los pasados mandatos la designación por parte del PSOE de patronos de manera unilateral y sin pasar por el Pleno. El grupo municipal señaló entonces la falta de transparencia y comunicó su oposición a una elección «a dedo». Además, insistió en que las elecciones a órganos que correspondan al Ayuntamiento como institución deben ser aprobadas por el Pleno y que debía ser un concejal elegido por las urnas quien representara a la institución.





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