IU lleva al Pleno una moción para solicitar la paralización de las plantas de biogás previstas en Segovia

El grupo municipal de Izquierda Unida trasladará al Pleno de este viernes el debate vinculado a las plantas de biogás proyectadas en la provincia. Lo hará a través de una moción para pedir a la Junta de Castilla y León una moratoria que paralice estas instalaciones de tratamiento de residuos orgánicos hasta la aprobación del Plan Regional que regule adecuadamente su instalación, teniendo en cuenta las necesidades y el interés general de los municipios afectados, el equilibrio territorial sostenible y el bienestar de la población.

Solo en la provincia de Segovia, hasta el momento, están en tramitación quince macroplantas de biometano, instalaciones sobredimensionadas destinadas a gestionar enormes cantidades de residuos orgánicos. Este procedimiento se está llevando a cabo sin que exista una planificación territorial adecuada a nivel autonómico y sin ofrecer información suficiente a la población.

El impulso de este tipo de instalaciones se justifica sobre la base de los supuestos beneficios económicos y ambientales que generan en los territorios. Sin embargo, tal y como llevan tiempo advirtiendo colectivos y plataformas ciudadanas, establecer estas macroplantas en la provincia puede tener graves consecuencias en términos de contaminación, riesgos para la salud y deterioro de la calidad de vida en los municipios afectados.

Izquierda Unida remarca que grandes fondos de inversión están haciendo negocio a costa de las subvenciones europeas destinadas precisamente a la construcción de plantas de biogás. Todo ello a costa de un alto precio social y medioambiental que acabarán pagando los vecinos y vecinas de numerosos municipios segovianos.

El grupo municipal recuerda que una de las macroplantas en tramitación es la de Valverde del Majano, a apenas cinco kilómetros del término municipal de Segovia, que ocuparía 63.675 metros cuadrados y contaría con balsa de digestato —el material sólido resultante tras el tratamiento de los residuos— de 7.800 metros cuadrados. IU solicitó al Gobierno del PP que se posicionara sobre esta instalación y presentara alegaciones, algo que no ha sucedido.

La formación se pregunta si favorecer la llegada de tantas macroplantas a nuestra provincia, que gestionarían miles de toneladas de residuos procedentes de todo el país, es la propuesta del Partido Popular para recuperar población en la Segovia rural vaciada. Estas infraestructuras, además de contaminar agua y aire, causan problemas respiratorios y malos olores. Su presencia supone ruidos constantes y un tráfico pesado diario que atravesaría los municipios del entorno.

A esto hay que añadir la devaluación de las viviendas en los entornos cercanos, el daño a los productos agroalimentarios de calidad y una clara pérdida de bienestar para los vecinos y vecinas. Son consecuencias negativas que no se ven compensadas ni por los pocos puestos de trabajo que se crearían ni por la escasa repercusión sobre la economía local de los pueblos.

La actividad de las plantas de biometano debe atender a un principio de equilibrio entre sus dos funciones principales: gestionar los residuos de la actividad ganadera y producir energía renovable. Para ello, es preciso que dicha actividad se ajuste a las peculiaridades y necesidades reales de los territorios en los que se pretenda establecer estas instalaciones.

Sin embargo, el modelo de macroplantas sobredimensionadas previsto en nuestra provincia está totalmente alejado de una transición ecológica justa, responsable y basada en el interés general. El bienestar de la población y la conservación del medio rural deben estar por encima de los beneficios empresariales, y los potenciales riesgos derivados de este tipo de instalaciones han de ser evaluados con el máximo rigor.

Por lo tanto, la Junta de Castilla y León debería paralizar la autorización de macroplantas de biometano hasta que sea aprobado un plan autonómico que establezca una regulación, planificación y ordenación adecuadas, atendiendo a la tipología, caracterización y volumen de los residuos generados en el entorno, así como a la minimización del impacto sobre la población. Todo ello ha de hacerse con participación ciudadana y de los sectores que puedan verse directamente afectados.