
La coalición plantea solicitar la declaración de zona tensionada, actuar contra los alojamientos temporales y turísticos ilegales y movilizar parte de las 4000 viviendas vacías mediante un programa municipal de alquiler asequible.
Segovia en Marcha (Podemos–Alianza Verde) llevará al próximo Pleno una moción para situar el derecho a vivir y trabajar en Segovia como eje prioritario de las políticas municipales. La coalición plantea dar un cambio de rumbo de 180 grados y utilizar las herramientas legales del Ayuntamiento para proteger el acceso a la vivienda de los vecinos y vecinas por encima de otros usos especulativos, de temporada y, en muchos casos, ilegales de las viviendas; facilitar el acceso a alquileres más asequibles; y proteger a las personas jóvenes y a las familias trabajadoras frente al encarecimiento progresivo de la ciudad.
La iniciativa parte como respuesta al incremento del precio de la vivienda y de los alquileres, muy por encima de los salarios, que está reduciendo el poder adquisitivo de la población. Cada vez más familias destinan una parte mayor de sus ingresos a pagar la vivienda y cuentan con menos recursos para alimentación, suministros, transporte, cuidados, ocio o ahorro.
“Segovia es cada vez más cara para quienes viven de su trabajo. Hay personas que trabajan aquí y sostienen el comercio, la hostelería y los servicios públicos, pero no pueden permitirse vivir en la ciudad. Las políticas municipales deben decidir si protegen ese derecho o siguen poniendo Segovia al servicio de inversores y rentistas”, ha afirmado el portavoz de la coalición, Guillermo San Juan. Emanciparse en solitario mediante un alquiler exigiría destinar el 98,7 % del salario mensual al pago de la renta y, para comprar una casa, ahorrar casi 60.000 € únicamente para la entrada.
“Estamos expulsando de Segovia a toda una generación. Si las personas jóvenes no pueden emanciparse porque vivir de alquiler supone destinar el 98 % de su salario o ahorrar 60.000 € para la entrada de un piso, y si las familias trabajadoras tienen que marcharse, la ciudad envejece, pierde población y pierde dinamismo, poniendo en riesgo el futuro de nuestros barrios, su comercio y sus servicios públicos”, ha señalado San Juan.
El portavoz considera que el mercado inmobiliario se está configurando a medida de quienes utilizan la vivienda como negocio. Los contratos de temporada, el alquiler por habitaciones a precios elevados y la presión de los alojamientos turísticos retiran inmuebles del mercado residencial y elevan los precios.
La moción propone establecer el derecho a vivir y trabajar en Segovia como una prioridad transversal e impulsar un decreto urgente que incluya la solicitud de declaración de zona de mercado residencial tensionado; la inspección y el cierre de viviendas con obras ilegales dedicadas a alojamientos de temporada y de viviendas turísticas sin licencia; y un programa municipal de alquiler asequible para movilizar parte de las alrededor de 4000 viviendas vacías.
Ordenanzas fiscales
En paralelo, el portavoz también ha señalado que las ordenanzas fiscales del PP siguen la misma línea política de privilegiar la actividad turística y especulativa frente a las economías domésticas. Por ello, Segovia en Marcha se opone frontalmente a las modificaciones del PP respecto a la tasa de basuras, al incremento de los precios de la ORA y al aparcamiento de autobuses turísticos del antiguo Regimiento de Artillería.
Respecto a la tasa de basuras, Segovia en Marcha considera que las modificaciones mantienen un modelo injusto y mal enfocado. Cuestiona que no se tenga en cuenta el valor catastral de las viviendas para modular el recibo y que no se obligue a los fabricantes de envases a asumir la parte del coste que les corresponde.
También rechaza que se establezcan controles sobre el contenedor marrón, destinado a la materia orgánica, pero no sobre el gris, utilizado de forma desproporcionada por quienes no separan correctamente sus residuos.
“La tasa sigue siendo injusta porque no tiene en cuenta la capacidad económica, ni fiscaliza realmente a quien más contamina, ni obliga a los fabricantes de envases a pagar lo que deben. Además, se controla a quienes utilizan el contenedor marrón, pero no a quienes depositan todos sus residuos en el gris. Con nuestras propuestas pagarían más quienes más contaminan y menos la mayor parte de la población”, ha explicado San Juan.
En cuanto a la ORA, Segovia en Marcha no apoyará una subida cercana al 30 % de los precios para los usuarios solo para adjudicar un “jugoso contrato millonario” a una nueva empresa concesionaria. La coalición señala que este modelo permitirá que una empresa privada se quede con más de medio millón de euros que podrían permanecer en manos públicas para invertirlos en la ciudad. Por ello, desde Segovia en Marcha consideran que es el momento de apostar por la gestión directa a través de un medio propio municipal.
La coalición mantiene también su rechazo categórico a utilizar el antiguo Regimiento de Artillería como aparcamiento de autobuses turísticos y, por tanto, a una tasa destinada a consolidar este uso en este espacio físico, que hoy por hoy no tiene ningún respaldo legal. Además, advierte de que el cálculo de la tasa no computa la totalidad real de los costes de acondicionamiento de la calle Coronel Rexach. La incorporación de todos estos costes supondría que los turoperadores deberían pagar entre un 10 % y un 20 % adicional.
“Siempre hemos apostado por la zona de la plaza de toros como punto de parada y aparcamiento para autobuses turísticos y por cobrar una tasa turística en ese punto. Por eso nos oponemos categóricamente a ese aparcamiento de autobuses turísticos en el Regimiento y, por tanto, votamos en contra de la tasa del Regimiento en concreto”, ha concluido San Juan.





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