Ecologistas en Acción Segovia pide aplicar el principio de precaución respecto a la ubicación de una torre de telefonía en Ventosilla y Tejadilla

Recientemente los vecinos de Casas Altas, barrio de Ventosilla y Tejadilla, han solicitado al Ayuntamiento y a Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León que la antena de telefonía que la empresa American Tower pretende instalar a 150 metros de este núcleo urbano sea reubicada en un lugar más alejado que proporcione, igualmente, cobertura.

La torre, que contaría con una subvención europea de los fondos Next Generation, tiene una altura de 40 metros, según el proyecto -para poder comparar la escala, el acueducto mide 28 metros en su parte más elevada-. Estaría, además, localizada en la zona más alta del entorno, de máxima visibilidad. Esto supondría un enorme impacto visual para un núcleo rural de reducidas dimensiones y elevado valor paisajístico.

Por otro lado, el proyecto no ha tenido en cuenta que la parcela rústica elegida para instalar la infraestructura forma parte de la ZEC (Zona de Especial Conservación) de los Sabinares de Somosierra, integrados en la Red Natura 2000, muy próximos, aunque no pertenecientes, al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama. Esto exige que, previamente a la instalación de cualquier infraestructura, se lleve a cabo un informe de Evaluación sobre las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (Informe INRA), trámite previo que se ha omitido y que debe realizar el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

No es la primera vez que esta empresa encuentra oposición vecinal a la instalación de torres de telefonía muy próximas o en el interior de los núcleos urbanos, ya que está muy reciente el caso de la Urbanización Monte de Los Cortos de Duruelo. Teniendo en cuenta que dicha urbanización dista de solo unos 5 km de Casas Altas, y que se ha aprobado otra estación base de telefonía en febrero de este año en la también vecina localidad de Castroserna de Arriba (Prádena), resulta que una misma empresa está intentando desplegar tres torres de telefonía en un área de apenas 10 km.

Las leyes de telecomunicaciones españolas de 2014 y de 2022 declararon esta actividad económica “bien de interés general”, pero, a la vez, la desregularon completamente, sustituyendo las licencias ambientales que, hasta 2014, otorgaban los Ayuntamientos, por una “declaración responsable” de las empresas. A la vez, cuando están en juego intereses comerciales y subvenciones europeas, lógicamente, las empresas no miran por el interés general, sino por su propio beneficio. Cuánto más próxima esté una torre de telefonía al núcleo urbano, más económica y sencilla resulta su instalación para la promotora, pero eso va en detrimento del interés general de los vecinos.

Las mismas leyes de Telecomunicaciones de 2014 y de 2022 contemplaban la creación de una Comisión de Radiofrecuencias y Salud, con participación de los ministerios de Sanidad y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Instituto de Salud Carlos III, de expertos independientes y sociedades científicas, y de representantes de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos y de la ciudadanía. Han transcurrido más de doce años, y este organismo no se ha creado, a pesar de reiterados requerimientos para ello por parte del anterior Defensor del Pueblo y de que Unidos Podemos realizó, en 2018, una Pregunta Parlamentaria en este sentido.

Mientras tanto, la preocupación científica acerca de los efectos de la radiación de estas torres de telefonía sobre los seres vivos y las personas va en aumento. ICBE-EMF (Comisión Internacional sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos), organismo integrado por científicos independientes, denunciaba, ya en 2022, que los límites de emisión para estas tecnologías no protegen la salud, pues sólo contemplan los efectos térmicos inmediatos ocasionados por exposiciones cortas, pero no toman en consideración los efectos acumulativos de las exposiciones crónicas.

Incluso la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1815, de 2011, recomendó encarecidamente que se aplicara el principio ALARA/ALATA respecto a las tecnologías inalámbricas (que la exposición sea lo más baja posible).

Que se aplique ese principio de precaución es también lo que piden Ecologistas en Acción y los vecinos de Casas Altas, que, de realizarse el proyecto, tendrían el haz de la antena directamente dirigido hacia ellos a muy corta distancia. Solicitan al ayuntamiento del municipio, a la Delegación Territorial y a la empresa American Tower, considerar otro emplazamiento a mayor distancia del casco urbano y de la Red Natura 2000.