La organización reclama una PAC con fondos propios y suficientes, un límite obligatorio a las ayudas y garantías frente a los desequilibrios que puede provocar la cofinanciación.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha concluido su ronda de reuniones en Bruselas alertando de que la futura Política Agraria Común se está negociando sin conocer todavía su presupuesto definitivo y con un calendario cada vez más ajustado para su entrada en vigor en 2028.
La organización ha trasladado a representantes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER) la necesidad de mantener un presupuesto agrario suficiente, diferenciado y dirigido prioritariamente a los agricultores y ganaderos profesionales.
Unión de Uniones sitúa la dotación mínima necesaria en torno a 520.000 millones de euros para mantener en términos reales un nivel de apoyo similar al actual. “Llegamos a Bruselas preocupados y nos volvemos todavía más preocupados”, ha señalado su coordinador estatal, Luis Cortés, ante la persistencia de las principales incógnitas sobre la financiación y la aplicación de la nueva PAC.
Presupuesto, cofinanciación y calendario
Unión de Uniones ha reclamado mantener el nivel de ambición presupuestaria que representaba el objetivo del 2 % y ha pedido claridad sobre el compromiso de destinar un 10 % de los fondos nacionales no asignados previamente a las zonas rurales. Este porcentaje no constituye dinero adicional para la PAC y su destino se plantea en un sentido amplio, por lo que la organización exige garantías para que beneficie realmente al sector agrario.
También ha advertido de que la cofinanciación puede generar desigualdades entre Estados miembros y entre comunidades autónomas con capacidades presupuestarias diferentes, debilitando el carácter común de la PAC.
El periodo transitorio entre ambas PAC ha sido otra de las cuestiones abordadas durante los encuentros. Unión de Uniones ha reclamado que se mantengan las mismas reglas para los pagos de la campaña de 2027 y que el sector conozca con suficiente antelación el futuro de los derechos de pago.
La organización advierte de que una prórroga normativa no resolvería por sí sola el problema presupuestario, porque esos pagos tendrían que financiarse con los recursos del nuevo marco financiero. Esta incertidumbre afecta ya a la compraventa de derechos, las inversiones y los arrendamientos rústicos, cuya duración mínima en España es de cinco años.
Ayudas para la agricultura profesional y familiar
En relación con el reparto de los fondos, Unión de Uniones ha defendido un límite obligatorio de 100.000 euros por explotación y ha rechazado que este tope se eleve sustancialmente o quede a voluntad de los Estados miembros. También propone que la degresividad comience a partir de los 40.000 euros y tenga en cuenta el empleo generado.
La organización ha pedido mantener la actual definición de agricultor activo, respaldar el régimen simplificado para pequeños agricultores hasta los 3.000 euros y reforzar las ayudas a la sucesión de explotaciones para facilitar el acceso de los jóvenes a la tierra. También reclama que los ecorregímenes se adapten a las condiciones de cada territorio.
Drones, comercio y otros expedientes
La regulación del uso de drones para realizar tratamientos fitosanitarios ha sido una de las cuestiones técnicas más repetidas durante las reuniones. Unión de Uniones reclama una norma clara que diferencie esta tecnología de las aplicaciones aéreas convencionales y permita aprovechar su capacidad para realizar tratamientos más precisos y localizados.
También ha pedido que la retirada de sustancias activas de los productos fitosanitarios vaya acompañada de alternativas eficaces y que los fondos europeos de investigación se orienten a encontrarlas. Además, ha trasladado propuestas sobre ganadería, sanidad, transporte de animales y emisiones industriales.
En materia comercial, Unión de Uniones ha reclamado reciprocidad, controles en frontera y salvaguardias eficaces en acuerdos como el de la Unión Europea con Mercosur. También ha advertido del impacto del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono sobre el precio de los fertilizantes.
La organización ha valorado que la nueva propuesta europea sobre contratación pública permita tener en cuenta los alimentos de proximidad y los circuitos cortos, aunque reclama seguridad jurídica para que estos criterios puedan aplicarse de manera efectiva.
Unión de Uniones también ha trasladado la situación crítica del arroz español, con precios por debajo de los costes de producción y una fuerte presión de las importaciones, y ha reclamado medidas urgentes ante la perturbación del mercado.
Ante este escenario, Unión de Uniones exige que las negociaciones no se cierren sin garantizar un presupuesto suficiente, unas reglas claras y una distribución de las ayudas que priorice a los agricultores y ganaderos profesionales.
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