
La organización denuncia el retraso en la firma de numerosos contratos de uva cuando la vendimia ya ha comenzado en más de 50 bodegas.
Desde la Unión de Campesinos de Segovia-UCCL denunciamos el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria como consecuencia del retraso en la formalización de numerosos contratos de compraventa de uva y exigimos a la Junta de Castilla y León que vigile estrictamente su cumplimiento.
Con la vendimia 2026 ya iniciada en más de 50 bodegas de la DO Ribera del Duero y con millones de kilos de uva todavía pendientes de recoger, muchos contratos de compraventa de uva continúan sin firmarse. Esta situación genera una enorme incertidumbre entre los viticultores, incumple la normativa de la cadena alimentaria y pone en peligro la viabilidad y continuidad de las explotaciones vitícolas existentes y de los viticultores que actualmente desarrollan su actividad en la denominación.
Según el estudio de costes realizado por UCCL, el coste medio de producción de la uva en esta campaña alcanza los 1,30 euros por kilo. Esta cifra se ve condicionada, entre otros factores, por la limitación establecida esta campaña por el Consejo Regulador, que ha reducido a 6.300 kilos por hectárea el rendimiento máximo para las variedades tintas. Una situación que, a juicio de UCCL, está directamente relacionada con el crecimiento descontrolado de la superficie de viñedo en la denominación, cuestión que venimos denunciando desde 2017.
Durante estos años, la superficie de la DO Ribera del Duero ha pasado de aproximadamente 22.500 hectáreas a las 31.500 hectáreas actuales, lo que supone un incremento cercano al 40 %. Desde UCCL hemos denunciado reiteradamente que este crecimiento se ha producido sin una planificación adecuada de la capacidad productiva y comercial de la denominación, señalando la responsabilidad del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, ASEBOR y la Junta de Castilla y León.
Ante esta situación, Unión de Campesinos de Segovia-UCCL exige a la Junta de Castilla y León que vigile de manera estricta el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y que adopte las medidas necesarias para evitar que los viticultores tengan que entregar su producción sin conocer previamente las condiciones económicas de la operación.
Asimismo, reclamamos a las bodegas de la DO Ribera del Duero que acompañen a los viticultores, tanto con precios que permitan cubrir los costes de producción como mediante el cumplimiento de los plazos de pago establecidos legalmente.
En opinión de UCCL, garantizar unas condiciones económicas justas para los viticultores es fundamental para mantener la calidad de la uva que caracteriza a esta extraordinaria zona vitivinícola y para asegurar la continuidad de un sector que constituye un motor económico, social y de empleo imprescindible para las cuatro provincias que integran la denominación: Burgos, Valladolid, Soria y Segovia, además de desempeñar un papel esencial en el mantenimiento de la actividad económica y social de numerosas zonas rurales de la España Vaciada.
UCCL considera imprescindible que todos los eslabones de la cadena asuman su responsabilidad y que el viticultor no sea quien soporte las consecuencias de una falta de planificación del crecimiento de la denominación. Garantizar contratos en tiempo y forma, precios acordes a los costes de producción y el cumplimiento de los plazos de pago resulta fundamental para asegurar la rentabilidad y continuidad de las explotaciones vitícolas existentes y mantener la actividad económica, social y medioambiental que genera el viñedo en la Ribera del Duero.






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