UGT demanda a la Junta ante el TSJCyL por retrasar la reclasificación de casi 5000 trabajadores

UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el supuesto incumplimiento del convenio colectivo del personal laboral de la Administración autonómica.

El sindicato denuncia que la reclasificación profesional de la plantilla, que debía haberse completado antes del 31 de diciembre de 2024, continúa pendiente para cerca de 5000 trabajadores.

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez, y el vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social de la organización, Carlos Arenas, han recordado que el convenio fue fruto de una negociación en la que el sindicato consiguió adaptar la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones derivado del Plan Bolonia.

Según UGT, este acuerdo supuso la aprobación de un convenio “innovador, progresista y muy beneficioso” para los más de 15.000 empleados de la Junta incluidos en su ámbito de aplicación. Sin embargo, la organización sostiene que la reclasificación prevista todavía no se ha llevado a cabo.

Los responsables sindicales han atribuido el retraso a la falta de voluntad de la Consejería de la Presidencia, dirigida por Luis Miguel González Gago. En este sentido, aseguran que “el interés en cumplir el acuerdo adoptado ha sido nulo” desde la entrada en vigor del convenio.

UGT afirma que solo se han celebrado seis reuniones para abordar esta cuestión y que todas ellas fueron promovidas por el sindicato. Tres tuvieron lugar entre octubre y diciembre de 2024, después de que la organización presentara denuncias ante la Inspección de Trabajo, y las otras tres se desarrollaron entre marzo y julio de 2025, tras plantear un conflicto colectivo ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA).

El sindicato advierte de que el retraso afecta directamente a cerca de 5.000 trabajadores pendientes de su reclasificación profesional. De acuerdo con su denuncia, estas personas perciben salarios inferiores a los que les corresponderían, realizan funciones que no se ajustan a la categoría profesional que tienen reconocida y afrontan una situación que también repercute en la calidad de los servicios públicos.

“Sus salarios son muy inferiores a lo que deberían, sus funciones no están acordes con la categoría profesional que ostentan y el servicio no se puede prestar con la calidad que los usuarios se merecen”, han señalado los dirigentes sindicales.

UGT Servicios Públicos ha manifestado que mantiene su disposición a negociar con la Administración autonómica, aunque considera que la vía judicial resulta necesaria ante la ausencia de avances.

“No vamos a negarnos a negociar, pero estamos cansados de llegar a acuerdos y que no los cumplan, así que denunciamos”, ha afirmado Tomás Pérez.

Por su parte, Carlos Arenas ha advertido de que esta demanda podría no ser la última que presente la organización sindical contra la Junta. “Como este no es el único incumplimiento en este ámbito, nos tememos que no será la última demanda que UGT tenga que presentar contra la Junta de Castilla y León”, ha concluido.