Cuando los derechos humanos empiezan a depender del origen

Hay momentos en los que la política deja de ser una discusión de programas, siglas o estrategias electorales y se convierte en algo mucho más serio: una prueba de resistencia democrática. El acuerdo de gobierno entre PP y VOX en Castilla y León no es una simple negociación autonómica ni una suma aritmética para alcanzar el poder. Es un aviso. Y conviene no mirar hacia otro lado.

Lo que está en juego no es solo quién ocupa un despacho, quién reparte consejerías o quién impone su relato. Lo verdaderamente grave es la normalización de una idea peligrosa: que los derechos humanos pueden aplicarse con condiciones. Que hay personas más merecedoras de protección que otras. Que el origen, la situación administrativa, la religión o la vulnerabilidad pueden convertirse en criterios para acceder —o no— a derechos esenciales.

Ese es el punto de ruptura.

Cuando un acuerdo político habla de prioridad nacional, de rechazar la acogida de menores migrantes, de planes de repatriación, de vincular inmigración y delincuencia, de restringir el padrón o de excluir a personas en situación irregular de prestaciones básicas, no estamos ante una política dura. Estamos ante una política profundamente injusta. Y, sobre todo, ante una política que erosiona los principios sobre los que se sostiene una democracia decente.

España no puede permitirse que se gobierne desde la sospecha hacia el vulnerable. No puede permitirse que la infancia que llega sola sea tratada como un problema de orden público y no como lo que es: infancia. Ni puede aceptar que se convierta a las personas migrantes en chivo expiatorio de problemas que tienen causas mucho más complejas, como la vivienda, la precariedad, la desigualdad o la falta de servicios públicos suficientes.

El peligro de estas políticas no está solo en lo que proponen, sino en lo que autorizan socialmente. Cuando desde las instituciones se señala a colectivos enteros, se abre la puerta a que el racismo deje de esconderse. Cuando se alimenta la idea de que hay derechos “para los nuestros” y derechos recortables “para los otros”, se rompe algo muy profundo en la convivencia. Y cuando se sustituye la protección por el castigo, la democracia se empobrece.

Los derechos humanos no son una concesión amable del poder. No son un premio a la buena conducta ni una recompensa por haber nacido en un lugar determinado. Son el suelo mínimo que garantiza que una sociedad no se deslice hacia la arbitrariedad, la exclusión y el miedo. Por eso resultan tan preocupantes los discursos que intentan presentarlos como un lujo, como una amenaza o como una carga.

También resulta alarmante la ausencia de medidas claras contra la violencia de género. En un país donde las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, cualquier retroceso, ambigüedad o silencio institucional tiene consecuencias. Negar, diluir o desplazar esta realidad no protege a nadie. Al contrario: debilita los recursos, confunde el mensaje público y deja más solas a quienes necesitan una respuesta firme del Estado.

Lo mismo ocurre con la vivienda. Si se endurece el acceso al padrón, si se levantan barreras discriminatorias o si se excluye a personas vulnerables de prestaciones esenciales, no se resuelve ningún problema. Se agrava. Porque una sociedad que empuja a parte de su población a la invisibilidad no se vuelve más segura ni más ordenada. Se vuelve más desigual, más tensa y más cruel.

El caso de Castilla y León debería preocupar a toda España porque estos acuerdos no nacen aislados. Forman parte de una tendencia que ya se ha visto en otros territorios y que busca desplazar los límites de lo aceptable. Primero se cambia el lenguaje. Después se cambia la política. Y, cuando queremos darnos cuenta, lo que antes parecía impensable empieza a presentarse como normal.

Por eso es tan importante reaccionar ahora. No desde el insulto ni desde la consigna fácil, sino desde una defensa clara de los principios democráticos. Gobernar no puede consistir en enfrentar a pobres contra más pobres, ni en convertir la vulnerabilidad en amenaza, ni en recortar derechos a quienes menos capacidad tienen para defenderse.

España necesita instituciones que protejan, no que señalen. Que garanticen derechos, no que los administren según el origen. Que entiendan que la convivencia se construye con justicia, no con miedo. Y que recuerden algo elemental: una democracia no se mide por cómo trata a los poderosos, sino por cómo protege a quienes están en una situación más frágil.

El peligro de que gobiernen quienes cuestionan este principio es evidente. No porque piensen distinto, sino porque sus políticas pueden hacer que los derechos dejen de ser universales. Y cuando los derechos humanos dejan de ser para todas las personas, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios.

Ese es el verdadero riesgo. Y España ya sabe demasiado bien adónde conducen las políticas que empiezan dividiendo a la sociedad entre “los nuestros” y “los otros”.