CGT denuncia el desmantelamiento del operativo de incendios forestales

A mediados de mayo, el operativo de la provincia continúa incompleto, con cerca del 40% del colectivo sin incorporar, una situación inadmisible que deja el monte desprotegido y pone en riesgo tanto a la población como a la propia plantilla.

La comparación con otros años deja aún más en evidencia la dejadez de la administración, ya que una parte de las torres de vigilancia ya estaban operativas el 1 de mayo y la mayoría funcionaban el día 15. Este año, sin embargo, no se ha abierto ni una sola torreta de vigilancia aún. En estos momentos, el único sistema real de detección de incendios son los avisos de vecinos y vecinas a través del 112, ya que además el sistema de videovigilancia forestal sigue sin estar completamente instalado ni funcionando.

La situación del personal de vigilancia es especialmente grave: falta por incorporar aproximadamente el 50% de los vigilantes de incendios, y quienes sí han sido llamados permanecen esperando en los centros forestales sin autorización para ocupar sus puestos en torre, una imagen que resume perfectamente el caos organizativo existente.

La precariedad también afecta de lleno a las motobombas forestales, que actualmente presentan un déficit de profesionales cercano al 30%. En algunas faltan conductores; en otras, peones. La consecuencia es evidente: una motobomba sin dotación completa queda inutilizada. Es decir, no solo faltan personas, sino que los pocos recursos disponibles quedan bloqueados por la incapacidad de planificación de la administración.

Este colectivo solo dispone de uno o dos monos ignífugos, y muchos de ellos están ya caducados por antigüedad o exceso de lavados. La empresa únicamente realiza un lavado durante toda la campaña, viéndose obligados a lavarlos en casa, con el consiguiente riesgo por exposición a partículas cancerígenas y la pérdida progresiva de sus propiedades ignífugas. La misma situación afecta a los cascos, también caducados. Aunque este problema se ha trasladado al Comité de Seguridad y Salud, apenas se han adoptado medidas.

Esta falta estructural de personal tiene además consecuencias directas sobre sus derechos laborales. El equipo de motobombas ven limitada incluso su posibilidad de disfrutar vacaciones. En invierno, que es la única temporada en la que podrían disfrutar de sus vacaciones, su descanso queda condicionado a que conductor y peón logren coordinarse entre sí para no dejar inoperativo el servicio. La Junta vuelve a trasladar a la compañeros y compañeras de incendios la responsabilidad de cubrir sus propias carencias organizativas.

A esta situación se suma otro hecho intolerable: la negativa de la Junta de Castilla y León a abonar las salidas a los grandes incendios realizadas durante la campaña pasada, obligando a los trabajadores y trabajadoras a reclamar cantidades que les corresponden por trabajo efectivamente realizado. No solo se trabaja en condiciones precarias, con falta de medios y personas; además, hay que pelear para cobrar.

La organización sindical considera que esta situación no responde a hechos puntuales ni errores de gestión aislados, sino a una política continuada de abandono y precarización del operativo forestal público.

No se puede hablar de prevención de incendios mientras no se cubren plazas, no se abren puestos de vigilancia, no se ponen en marcha los sistemas de detección y se mantienen medios de extinción parados por falta de recursos humanos.

Cuando llegue el primer gran incendio, quienes hoy miran hacia otro lado intentarán hablar de circunstancias excepcionales. Pero la realidad es que el riesgo se está construyendo desde los despachos, por decisión política y por una gestión negligente.

Desde CGT exigen la incorporación inmediata del 100% del operativo pendiente, la apertura urgente de todas las torres de vigilancia, el abono de todas las cantidades adeudadas y el fin de la precarización del operativo público de incendios forestales.