ERIMSA solicita una nueva concesión minera en el Nordeste de Segovia siguiendo el mismo patrón de fragmentación que la Plataforma lleva denunciando desde el inicio

La Plataforma contra la mina a cielo abierto en el Nordeste Segoviano ha denunciado que ERIMSA ha presentado una nueva solicitud de concesión minera en la comarca, bajo el expediente “Segundo San Blas B” (925.20), y ha anunciado que ya está organizando alegaciones vecinales, técnicas y ambientales durante el periodo de información pública.

La solicitud llega apenas un año después de que la empresa protagonizara una rueda de prensa asegurando que había reducido su proyecto “escuchando a la población”, un argumento que la Plataforma nunca aceptó y que, a su juicio, queda ahora definitivamente en entredicho.

“ERIMSA pidió menos para entrar, no para irse”, afirma la portavoz de la Plataforma, Marisa Moro. “Nunca aceptamos el relato de las ‘pocas hectáreas’ porque sabíamos que el objetivo seguía siendo ocupar el Nordeste poco a poco. El tiempo nos ha dado la razón”.

El patrón que la Plataforma lleva denunciando desde el inicio

Para entender lo que ocurre hoy hay que tener presente la secuencia completa. En 2023, ERIMSA presentó dos proyectos diferenciados en la comarca: el expediente 925.10 y el 925.20. Tras recibir miles de alegaciones, la empresa desistió del 925.10 tal como lo había planteado y volvió a presentarlo recortado a finales de 2024. La Plataforma denunció entonces que no era una renuncia sino una estrategia de fragmentación para sortear los umbrales de evaluación ambiental.

En febrero de 2025, ERIMSA celebró una rueda de prensa en Segovia trasladando la idea de que había escuchado al territorio y por eso había reducido el proyecto. La Plataforma volvió a advertir que se trataba de la misma táctica: presentar trozos más pequeños para que cada pieza, por separado, parezca asumible.
Ahora, el expediente 925.20, al que la empresa también había renunciado formalmente, reaparece en el BOCYL. De nuevo en una versión recortada. De nuevo como si fuera algo nuevo.

“Llevan desde 2023 aplicando la misma fórmula: presentan grande, ven qué alegaciones les ponemos, retiran, vuelven con algo más pequeño buscando resquicios, y cuando consiguen que baje la guardia, avanzan con la siguiente pieza”, explica Moro. “No es un proyecto reducido. Es el mismo proyecto de siempre, partido en trozos para que no se vea entero”.

La respuesta al relato de la reducción del “70%” 

El director general de ERIMSA, José Antonio Valencia, ha declarado hoy a los medios que la empresa ha reducido “cerca del 70%” su proyecto y que “no hay nada nuevo”, presentando la solicitud como un gesto de escucha hacia el territorio. La Plataforma rechaza ese relato y señala que el propio director lo desmonta con sus propias palabras.

“El señor Valencia dice que ‘no hay nada nuevo’. Tiene razón en eso: no hay nada nuevo porque es el mismo proyecto de siempre, partido en trozos. Lo que resulta llamativo es que ahora lo reconozca él mismo”, señala Moro.

La portavoz señala además que el supuesto 70% de reducción se calcula únicamente sobre las hectáreas solicitadas ahora dentro de la concesión 925.20, ignorando el resto de cuadrículas de esa misma concesión que siguen registradas en el catastro minero, y obviando por completo el expediente 925.10, el Tercer San Blas (pendiente de resolución por parte de la Junta de Castilla y León) y el permiso de investigación Centro SG I.

“Nos presentan una reducción del 70% sobre una parte del proyecto como si fuera una renuncia. Pero las otras cuadrículas siguen ahí. Las otras concesiones siguen ahí. Cerca de 9.000 hectáreas de derechos mineros en el Nordeste siguen ahí. Eso no es reducir: es aparcar lo que no pueden conseguir hoy para volver a por ello mañana”, concluye Moro.

 

La cronología que lo desmonta todo

La documentación presentada a información pública permite reconstruir la secuencia más reciente con precisión. ERIMSA desistió formalmente del procedimiento de evaluación ambiental anterior en agosto de 2024. Y según el propio proyecto ahora presentado, en marzo de 2025 la empresa ya mantenía reuniones con la administración (S.T. Medio Ambiente de Segovia) para preparar este nuevo expediente.

El desistimiento, además, no es inocente desde el punto de vista jurídico. Retirarse voluntariamente antes de que la administración resuelva deja a la empresa libre para volver a presentar el proyecto cuantas veces quiera y como quiera. Una denegación por razones de fondo habría sido una historia muy diferente: habría sentado un precedente, habría cerrado puertas y habría hecho infinitamente más difícil volver a intentarlo. ERIMSA lo sabe. Por eso se va siempre antes de que le digan que no.

“Cuando desisten no es porque hayan escuchado al territorio, es porque saben perfectamente que si esperan a que la administración les deniegue el proyecto por razones de fondo, no pueden volver. Así que se retiran ellos, recolocan las piezas y lo vuelven a intentar con otra forma. Llevan años con el mismo manual”, señala Moro. “Preparaban este proyecto mientras hacían la rueda de prensa para decir que nos escuchaban y por eso no pedían más. La pregunta es inevitable: ¿son de fiar?”

30 años, 257 hectáreas y el mineral que va a Noruega

Los documentos presentados por la empresa no dejan lugar a dudas sobre la dimensión real del proyecto. ERIMSA solicita ahora explotar 257 hectáreas durante 30 años en los términos de Barbolla y Sotillo, dividiendo el territorio en seis zonas de actuación quinquenal. El mineral extraído, cuarzo metalúrgico, no se destina al mercado local ni nacional: el propio proyecto indica que su destino es “su exportación a Noruega y otros países de la Unión Europea”.

“Nos piden que asumamos 30 años de camiones, polvo y ocupación del territorio para exportar cuarzo a Noruega”, señala Moro. “Lo único que hay para la comarca es una empresa que se lleva el recurso y nos deja los impactos”.

El propio proyecto detalla el empleo previsto: cinco operarios y un director facultativo, operativos únicamente durante seis meses al año, entre abril y octubre.

“Treinta años de minería industrial a cambio de cinco operarios y un técnico que viene a firmar los papeles. Que cada vecino del Nordeste saque sus conclusiones sobre qué modelo de desarrollo es ese”, indica la portavoz.

La portavoz recuerda además que solo las concesiones del grupo de derechos mineros llamados “San Blas” acumulan cerca de 5.000 hectáreas registradas en el catastro minero del Ministerio para la Transición Ecológica. Las 257 que se solicitan ahora son la punta de un iceberg mucho mayor.

“Allí donde consigue entrar, sigue creciendo. No vale que intenten vender cada proyecto como algo pequeño o aislado. ERIMSA nunca se conforma. Podemos preguntar en Salamanca (Bóveda del Río Almar) o en Lugo (Terra Cha) a quienes los sufren desde hace años”, advierte.

“No somos una comarca minera. No queremos convertirnos en una”

La Plataforma reivindica el modelo territorial que vecinos, instituciones y emprendedores llevan años construyendo en el Nordeste: agricultura, ganadería, turismo rural, patrimonio, emprendimiento y fijación de población.

“Aquí hay agricultores y ganaderos manteniendo vivos los pueblos, pequeños negocios rurales, alojamientos, proyectos turísticos, iniciativas culturales y personas intentando emprender. Nada de eso encaja con una comarca atravesada por minería industrial y tráfico constante de camiones”, señala Moro. “Queremos un Nordeste vivo, atractivo para vivir, visitar e invertir. No queremos polvo, ruido y una imagen de zona extractiva a quienes nos visiten o quieran venir a vivir aquí”.

La contradicción es especialmente visible en el caso del yacimiento arqueológico de Confloenta y Los Mercados, situado en Duratón a escasos metros del límite de la zona de explotación solicitada ahora —los mapas del propio proyecto lo muestran con claridad—. La Diputación de Segovia lleva años apoyando las excavaciones y ha movilizado fondos europeos Next Generation para su musealización, con la intención de convertir a Confloenta —la única ciudad romana de la provincia explorable al completo— en uno de los grandes reclamos turísticos y elemento dinamizador de toda la comarca. Los trabajos de musealización están en marcha. Y la explotación minera, según el propio proyecto de ERIMSA, está planificada para operar entre abril y octubre: exactamente la temporada de mayor afluencia de visitantes.

“La Diputación lleva años y millones de euros convirtiendo Confloenta en un motor turístico para el Nordeste, y resulta que a escasos metros quieren poner una mina que funcionará todo el verano. Eso no es compatible con el modelo que están construyendo ni la Diputación, ni Prodestur, ni los vecinos, ni nadie que quiera un futuro para esta comarca”, indica.

El colectivo insiste en que la oposición social no desaparece porque el problema de fondo no son unas hectáreas concretas, sino el modelo que representan.

“No somos una comarca minera y no queremos convertirnos en una. Somos una tierra agrícola, ganadera, turística y ambientalmente valiosa. Queremos seguir viviendo aquí y progresar alineados con nuestro paisaje y nuestros recursos, no destruyéndolos”.

La Plataforma confía en que la Junta aplique la ley en su totalidad y no hipoteque el Nordeste

La Plataforma confía en que la Junta de Castilla y León realice un análisis riguroso de la documentación presentada, teniendo en cuenta que la propia Ley de Evaluación Ambiental obliga a valorar si los proyectos fraccionados de un mismo titular alcanzan, sumados, los umbrales que exigen evaluación ordinaria y los daños acumulativos. Según los datos del Catastro Minero, ERIMSA acumula en esta zona derechos que superan las 9.000 hectáreas entre las concesiones “San Blas” y el permiso de investigación “Centro SG I”.
“Confiamos en que la Junta aplique la ley en su totalidad y valore el conjunto, no solo la parte que la empresa decide enseñar en cada momento”, señala Moro. “La administración tiene los instrumentos legales para hacer esa lectura global, y esperamos que los use”.

Alegaciones y movilización

El colectivo ha confirmado que ya analiza la documentación publicada en el BOCYL y que coordinará alegaciones. El periodo de información pública está abierto hasta el 18 de junio.

“Lo dijimos entonces y lo repetimos ahora: hectáreas cero. El Nordeste ya habló alto y claro y volverá a hacerlo”, concluye la portavoz.