La Seguridad Social reclama cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital concedido de oficio y embarga la vivienda heredada en la que residen ambas mujeres.
Dos hermanas con discapacidad se enfrentan a la pérdida de su vivienda tras un procedimiento de embargo derivado de una deuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV) originada, según denuncia su entorno, por un error de la propia Administración.
La afectada, una mujer con discapacidad física, psíquica e intelectual, recibió el IMV de oficio en junio de 2020. Sin embargo, años después, la Seguridad Social revisó el expediente y detectó supuestos cobros indebidos relacionados con un cambio en la unidad de convivencia producido en diciembre de 2019, circunstancia que no fue tenida en cuenta cuando se aprobó inicialmente la prestación.
A raíz de esa revisión, se inició un procedimiento de reintegro contra la beneficiaria pese a que, según se recoge en la denuncia pública realizada por su entorno, la deuda habría sido consecuencia de un fallo administrativo ajeno a la mujer.
La situación ha derivado en el embargo de la vivienda en la que residen actualmente ambas hermanas, una casa heredada de sus padres fallecidos y concebida precisamente para garantizarles estabilidad y protección. El procedimiento se encuentra ya en fase de ejecución y pendiente de lanzamiento, lo que podría provocar el desalojo inminente de las dos mujeres.
Los informes sociales y médicos incorporados al caso acreditan una situación de especial vulnerabilidad y sostienen que la afectada podría no haber comprendido ni la concesión de oficio del IMV, ni las posteriores comunicaciones administrativas relacionadas con el procedimiento de devolución.
Además, desde el entorno familiar subrayan que no puede atribuirse responsabilidad alguna a la conducta de la mujer ni a las circunstancias que originaron el cambio en la unidad de convivencia.
El caso ha reabierto el debate sobre las consecuencias de los errores administrativos cuando afectan a personas con discapacidad o dificultades de comprensión, así como sobre la necesidad de adaptar los procedimientos de la Administración a situaciones de especial vulnerabilidad social.
Actualmente, se están explorando distintas vías legales y administrativas para intentar paralizar el embargo y evitar el desahucio. Desde el entorno de las afectadas se reclama una intervención urgente de las administraciones competentes para evitar “una situación de desamparo irreparable”.
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