Silvia Clemente fija la discapacidad como prioridad absoluta: “La Junta tiene 15.000 millones; es cuestión de voluntad, no de dinero”

Silvia Clemente ha culminado una intensa ronda de contactos con el sector de la discapacidad en Castilla y León, reafirmando un compromiso que califica de “máxima prioridad” por encima de cualquier otra inversión pública. Tras reunirse en los últimos meses con entidades de referencia como CERMI, Fundación Personas, ASPAYM, la Federación de Autismo de Castilla y León y ASPACE, la conclusión es unánime: el sistema actual es insuficiente y las familias están desamparadas.

Un diagnóstico claro: falta de recursos y “entretenimiento” burocrático

En sus encuentros, Clemente ha detectado una tónica común: la asfixia económica de las asociaciones y la precariedad de las prestaciones. Ha sido especialmente crítica con las etiquetas administrativas que limitan la ayuda real: “No se puede poner un límite ni excusarse en términos como ‘atención domiciliaria externa’ o ‘nivel 1’. Todo eso es un entretenimiento burocrático que no soluciona la vida de quienes tienen una discapacidad que continúa durante toda la etapa adulta”.

Personas antes que carreteras: 15.000 millones de presupuesto

Clemente ha desmontado el argumento de la falta de fondos, señalando directamente a la gestión del presupuesto autonómico. “La Junta de Castilla y León tiene 15.000 millones de euros de presupuesto. Lo que hay que hacer es dar la prioridad suficiente a quien la tiene que tener. Por delante de cualquier cosa deben estar las personas”, ha sentenciado.

Para la política segoviana, la discapacidad debe ocupar la “cúspide de la atención” en una sociedad del bienestar real, garantizando que los recursos lleguen de forma directa y estable, sin depender de la voluntad de las asociaciones que hoy actúan como “escudo” de la administración.

El compromiso de “dar seguridad” a las familias

Acompañada por Carmen, madre de un joven con parálisis cerebral, Clemente ha insistido en que su compromiso es “de corazón” y basado en su experiencia previa al frente de Servicios Sociales. Su hoja de ruta es clara:

• Fin de la precariedad: convertir las subvenciones anuales en financiación estable.
• Cumplimiento médico: garantizar que cada sesión de logopedia o fisioterapia prescrita por un facultativo sea cubierta por la Junta, sin excepciones.
• Prioridad presupuestaria: reorientar el gasto público para que la atención a la discapacidad sea la “línea uno” de acción política.

“La carga emocional de estas familias no hay dinero que la pague, pero los tratamientos y las prestaciones materiales sí se pagan con dinero. Y ese dinero está; solo hay que querer usarlo para lo que de verdad importa”, concluyó Clemente.

En la recta final de la campaña, y con las elecciones a la vuelta de la esquina este domingo, Silvia Clemente ha sido tajante al colocar a las personas en la cúspide de las prioridades públicas, asegurando que, como ella misma defiende, “una administración con 15.000 millones de euros no puede permitirse que los más vulnerables sigan mendigando unos tratamientos que son, por derecho, su prioridad absoluta”.