¿Absentismo o alarmismo? cuando el foco se pone en quien no toca

En las últimas semanas, el debate sobre el llamado “absentismo laboral” ha vuelto a ocupar titulares en Segovia a raíz de una encuesta difundida por la Federación Empresarial Segoviana. Un debate que, lejos de aportar claridad, vuelve a instalar un relato conocido: señalar a las personas trabajadoras como responsables de un problema que, es mucho más complejo.

 

Desde el Partido Comunista de España en Segovia se ha respondido con datos y con una advertencia clara: confundir fraude con derechos laborales es una irresponsabilidad. El propio informe de la patronal reconoce que solo un 8% de las ausencias son injustificadas. El 92% restante responde a causas legales: enfermedad, permisos retribuidos, conciliación o bajas médicas. Aun así, el discurso dominante insiste en presentar el absentismo como un problema generado por la falta de compromiso de la plantilla.

 

El enfoque es preocupante no solo por lo que dice, sino por lo que omite. La encuesta no detalla su metodología y admite que casi siete de cada diez empresas no evalúan el absentismo de forma sistemática. Aun así, se extraen conclusiones generales y se lanzan mensajes alarmistas que no se sostienen sobre una base sólida. Se habla de más ausencias los lunes o los viernes, o de un mayor número de bajas entre menores de 30 años, sin aportar contexto alguno: permisos legales, duración real de las ausencias o condiciones de trabajo que explican esos datos.

 

Más llamativo aún es que se ignore deliberadamente el “presentismo laboral”, una práctica cada vez más extendida que consiste en acudir a trabajar estando enfermo por miedo al despido, a la pérdida de ingresos o a la no renovación de contratos. Este fenómeno no solo pone en riesgo la salud de las personas trabajadoras, sino que reduce la productividad y provoca, en muchos casos, altas médicas prematuras que agravan los problemas de salud a medio plazo.

 

Resulta paradójico que se ponga el foco en el 8% de ausencias injustificadas y no en las verdaderas causas que deterioran la salud laboral: la precariedad, la sobrecarga de trabajo, la falta de prevención, el aumento de la siniestralidad o el deterioro de la salud mental. Tampoco se habla de planificación empresarial, cuando la inmensa mayoría de las ausencias están justificadas y, por tanto, son previsibles y organizables.

 

Frente a las recetas basadas en el control y la sospecha, el PCE de Segovia plantea una alternativa sensata: reforzar la sanidad pública, invertir en prevención y seguridad laboral, garantizar sustituciones en bajas de larga duración y actuar de forma decidida contra el aumento de accidentes laborales, incluidos los no traumáticos, cada vez más vinculados al estrés y a las malas condiciones de trabajo.

 

Conviene recordarlo: la salud no es un privilegio ni una concesión empresarial, sino un derecho. Y la clase trabajadora de esta provincia, lejos de ser el problema, es quien sostiene cada día la actividad económica con responsabilidad y esfuerzo. Convertirla en chivo expiatorio puede servir para desviar la atención, pero no para mejorar ni la productividad ni la convivencia laboral.

 

Porque cuando el debate se construye desde el alarmismo y no desde los datos, el riesgo no es solo equivocarse: es erosionar derechos que costaron décadas conquistar.