
La formación denuncia la falta de control municipal sobre las viviendas turísticas irregulares y reclama un plan urgente de inspección y cierre para frenar la subida de los alquileres y garantizar el derecho a la vivienda en Segovia.
Segovia en Marcha (Podemos-AV) exige al gobierno local que cumpla la ley y proceda al precinto inmediato de los pisos turísticos y de alquiler de temporada ilegales existentes en el municipio, tomando como base los datos publicados recientemente por el Ministerio de Vivienda a través del Sistema Único del Colegio de Registradores.
La coalición recuerda que, según los datos del Colegio de Registradores, en Castilla y León existen al menos 1.300 inmuebles ya identificados que no cumplen los requisitos legales ni la normativa sectorial para ser considerados pisos turísticos o alquileres de temporada.
El portavoz de la formación, Guillermo San Juan, ha advertido de que esta situación “altera gravemente el funcionamiento del mercado de la vivienda y restringe el acceso a la misma para la población joven y trabajadora”. En este sentido, ha señalado que la proliferación de viviendas destinadas al uso turístico está reduciendo el parque de alquiler residencial y tensionando los precios, no solo en las zonas más céntricas y con mayor presión turística, sino en el conjunto de la ciudad.
Actualmente, en Segovia capital se contabilizan, según el INE, más de 171 viviendas de uso turístico, una cifra que se ha incrementado de forma notable en los últimos años. A nivel autonómico, Castilla y León acumula como mínimo más de 1.300 pisos turísticos identificados como irregulares, tras la entrada en vigor del nuevo Registro Estatal de Alquileres Turísticos y Temporales, que ha denegado decenas de miles de solicitudes en toda España por incumplir los requisitos legales.
“Estos datos confirman lo que llevamos tiempo denunciando: durante años ha habido barra libre y una falta absoluta de control sobre los pisos turísticos”, ha señalado San Juan, quien ha insistido en que “no basta con crear registros si luego alcaldes como el de Segovia deciden mirar para otro lado ante irregularidades manifiestas”.
Desde Segovia en Marcha recuerdan además que esta situación se produce en un contexto de récord de visitantes y de creciente presión turística, lo que hace aún más necesario garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico vinculado al turismo y el derecho a la vivienda de la población residente.
Por todo ello, la formación reitera la necesidad de que el Ayuntamiento, a través de las áreas competentes, solicite formalmente al Ministerio los datos de los pisos irregulares para poner en marcha un plan de inspección, con el apoyo de la Policía Local, que permita actuar de forma regular y coordinada sobre los pisos turísticos de la capital. Este plan, según ha señalado San Juan, debería incluir el cruce sistemático de datos entre todos los registros administrativos, las licencias municipales y los anuncios publicados en plataformas digitales.
El objetivo, señalan, es que parte de estas viviendas puedan reincorporarse al mercado de alquiler residencial, contribuyendo a aliviar la presión sobre los precios y a garantizar el acceso a la vivienda en Segovia, en un momento en el que la ciudad ha vuelto a ser la capital de Castilla y León con el alquiler más caro, con una subida del 6 % respecto al año pasado.
En palabras del portavoz, “si no se actúa de manera decidida y continuada, Segovia corre el riesgo de convertirse en una ciudad escaparate, vaciada y sin vida propia”. San Juan ha concluido señalando que “lo que estamos pidiendo al alcalde Mazarías es exactamente lo mismo que ya están haciendo otros ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, como Salamanca. En este tipo de decisiones es donde se ve qué tipo de alcalde y de gobierno tiene una ciudad”.




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