El PSOE denuncia un uso “partidista y autoritario” de la Presidencia de la Diputación de Segovia para frenar la oposición al “tasazo de bomberos”

El Grupo Socialista en la Diputación de Segovia ha acusado al equipo de gobierno del PP de utilizar la Presidencia de la institución de forma “arbitraria, partidista y poco democrática” para intentar silenciar las críticas a la nueva tasa por la cobertura del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, conocida como el “tasazo de bomberos”.

Según ha explicado el portavoz socialista, Máximo San Macario, la ordenanza obliga a los ayuntamientos a abonar 5 euros por habitante, independientemente de la cobertura real o la eficacia del servicio que reciban. A su juicio, se trata de una medida “injusta” que penaliza por igual a todos los municipios.

San Macario ha denunciado además lo que califica como un “chantaje político” por parte de la Presidencia para tratar de frenar las acciones del PSOE contra la tasa. Según ha señalado, se habría amenazado con retirar la media liberación de una diputada si el grupo socialista no retiraba las alegaciones presentadas y dejaba de promover mociones municipales en contra de la ordenanza.

“El Grupo Socialista no cede a chantajes ni va a coartar la libertad democrática de ningún ayuntamiento”, ha afirmado.

El portavoz ha destacado que numerosos municipios ya han mostrado su rechazo a la medida mediante alegaciones o acuerdos plenarios. Entre ellos figuran Cuéllar, Real Sitio de San Ildefonso, San Martín y Mudrián, Grajera, Santo Tomé del Puerto, Castillejo de Mesleón, Fresno de Cantespino, Nieva o Cedillo de la Torre, incluso con el apoyo de concejales del propio Partido Popular.

Desde el PSOE también se critica que esta tasa no estuviera incluida en el Plan Anual Normativo de 2025 y que, posteriormente, se haya intentado evitar el debate público sobre la ordenanza y las alegaciones registradas. San Macario ha cuestionado que se cobre por la mera existencia del servicio, recordando que ya existe una tasa por intervención efectiva en caso de emergencia.

“Se penaliza a todos los pueblos por igual, reciban o no un servicio adecuado. Eso no es justicia fiscal, es abuso”, ha concluido el portavoz, quien ha asegurado que su grupo continuará defendiendo los intereses de los municipios “pese a las represalias”.

El debate sobre la nueva tasa sigue generando tensión política en la institución provincial, con varios ayuntamientos posicionándose en contra de su aplicación y reclamando una revisión del modelo de financiación del servicio.