Afectados por el Ingreso Mínimo Vital denuncian que los cobros indebidos siguen arruinando vidas mientras los partidos mantienen la inacción

El Colectivo IMV Afectados y Afectadas ha vuelto a elevar la voz ante lo que consideran “uno de los fallos administrativos más graves y prolongados del Estado”: los cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Tras meses de reuniones con distintos responsables políticos, denuncian que la situación continúa sin resolverse y sigue golpeando a miles de familias vulnerables.

El colectivo recuerda que fue en noviembre de 2023 cuando el Partido Popular se convirtió en el primer grupo en recibirles. Pese a los compromisos adquiridos entonces, dos años después no se ha producido ningún avance real. Las nuevas reuniones mantenidas en 2025 con PP, Sumar, ERC y PSOE han servido para exponer una vez más el alcance del problema: reclamaciones paralizadas, errores administrativos masivos y deudas injustas que asfixian a quienes menos tienen.

Testimonios que evidencian un fallo estructural

Durante los encuentros, los afectados presentaron documentación oficial, reclamaciones sin respuesta y casos que muestran cómo la propia Administración genera errores que luego exige devolver, incluso a personas que “apenas pueden subsistir”. El colectivo denuncia consecuencias extremas:

• Embargos a hogares en riesgo de exclusión.

• Penalizaciones injustas a personas con contratos temporales.

• Revisiones automáticas mal aplicadas.

• Años de espera para resolver reclamaciones esenciales.

• Falta total de criterio uniforme, lo que impide garantizar la seguridad jurídica.

Los partidos escuchan, pero no actúan

Aunque algunos grupos han registrado preguntas en el Congreso y el Senado, el colectivo considera que las medidas siguen siendo insuficientes. “La situación es insostenible. Necesitamos acciones inmediatas, no declaraciones ni compromisos vagos”, han repetido a los representantes políticos.

El impacto, recuerdan, no es solo económico: está afectando a la salud mental, la estabilidad familiar y la dignidad de miles de personas que dependen de esta prestación básica.

Exigen una respuesta urgente y reformas con efecto retroactivo

Los afectados emplazan ahora a los partidos a dar una posición pública clara y, sobre todo, a impulsar reformas normativas, auditorías y la revisión urgente de todos los casos desde el inicio de la prestación en 2020. “No queremos más excusas. Es el momento de actuar”, han advertido.

El colectivo insiste en que la reforma de la ley debe tener carácter retroactivo, para corregir los errores acumulados en los últimos cinco años y garantizar que nadie quede atrás.