
La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a la falsificación de certificados de empadronamiento y a la obtención fraudulenta de citas para la renovación de tarjetas de solicitante de protección internacional. La organización operaba bajo la apariencia de una supuesta asociación de ayuda al inmigrante, cobrando a sus víctimas entre 100 y 280 euros por estos servicios que, además de ser ilegales, resultaban totalmente ficticios.
La operación, denominada “Nordap”, comenzó el 17 de marzo de 2025, cuando los agentes detectaron un incremento inusual de personas extranjeras que acudían a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Segovia portando certificados de empadronamiento supuestamente expedidos en municipios como Torrecaballeros, El Espinar y Abades. Sin embargo, las consultas realizadas a los ayuntamientos confirmaron que ninguno de ellos figuraba realmente empadronado.
Documentos falsos y una asociación inexistente
Tras una investigación documental y operativa, la Policía Nacional verificó que los certificados aportados eran falsificaciones y que la asociación en cuyo nombre actuaban los implicados no existía. Además, uno de los miembros del grupo se presentaba ante las víctimas como abogado, cuando en realidad no poseía titulación ni estaba inscrito en ningún colegio profesional, incurriendo en un presunto delito de intrusismo.
La captación de víctimas se realizaba a través de medios telemáticos y redes sociales, mientras que los pagos se efectuaban mediante la aplicación Bizum. Su ámbito de actuación se extendía por Segovia, Ávila y Madrid.
Resultados de la operación
La investigación permitió acreditar:
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La creación y uso de certificados de empadronamiento falsos.
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La inexistencia de la asociación u ONG utilizada como pantalla.
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El cobro de entre 80 y 250 euros por citas y documentos fraudulentos.
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La comisión de los delitos de falsedad documental e intrusismo profesional.
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El aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros solicitantes de protección internacional.
Finalmente, la Policía Nacional detuvo a seis personas e intervino abundante documentación falsificada, incluidos certificados y modelos originales empleados para su copia ilícita.
Protección a los más vulnerables
Con esta intervención, la Policía Nacional ha frenado una actividad delictiva que afectaba a personas inmigrantes en situación especialmente vulnerable. Los certificados de empadronamiento falsos no solo simulaban una residencia inexistente, sino que también pretendían facilitar el acceso a servicios públicos y trámites esenciales relacionados con la sanidad, educación y extranjería.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Segovia, responsable de las diligencias abiertas, y ha permitido esclarecer completamente los hechos y poner fin a esta red que explotaba las necesidades de quienes buscaban regularizar su situación en España.








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