Las organizaciones denuncian que el Ejecutivo español elude las deficiencias del IMV y confunde compromisos políticos con obligaciones jurídicas internacionales.
El Movimiento ATD Cuarto Mundo España y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales (OJDS) han expresado su profunda preocupación por las observaciones remitidas por la Abogacía General del Estado, en nombre del Gobierno español, al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) en el marco de la Reclamación Colectiva n.º 241/2024, presentada por ambas organizaciones por presuntos incumplimientos en la aplicación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Según ambas entidades, el documento presentado por el Ejecutivo ofrece una visión “autocomplaciente y alejada de la realidad” del funcionamiento del IMV, al afirmar que esta prestación es “modélica, única en el mundo” y plenamente alineada con el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Sin embargo, ATD Cuarto Mundo sostiene que el Gobierno no responde a las denuncias concretas recogidas en la reclamación, entre ellas la insuficiencia de las rentas, la discontinuidad en los pagos, las limitaciones por edad y residencia legal, la falta de armonización con las comunidades autónomas o los problemas derivados de los cobros indebidos.
“Un discurso triunfalista frente a una realidad de exclusión”
Las organizaciones denuncian que el informe estatal elude el fondo de las cuestiones planteadas, limitándose a resaltar la magnitud técnica del programa. “El Gobierno confunde compromisos políticos con obligaciones jurídicas internacionales”, advierte la OJDS, que considera “alarmante” la falta de reconocimiento del carácter vinculante de los derechos sociales recogidos en la Carta Social Europea Revisada, de obligado cumplimiento para España.
Asimismo, critican la ausencia de datos verificables que acrediten el cumplimiento de los artículos 13 y 30 de la Carta —relativos al derecho a la asistencia social y la protección contra la pobreza—. “El Ejecutivo no aporta evidencias sobre la adecuación de las cuantías, la continuidad real de las prestaciones ni los criterios restrictivos que dejan fuera a jóvenes, migrantes sin residencia legal o familias numerosas”, señalan.
Críticas también desde organismos nacionales
Las entidades recuerdan que incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha detectado deficiencias en la eficacia del IMV para reducir la pobreza y posibles efectos desincentivadores sobre el empleo entre los perceptores de menores ingresos, conclusiones que contrastan con el optimismo del Gobierno.
Preparan su réplica ante el Comité Europeo
Ante lo que consideran una defensa gubernamental sin rigor ni base empírica, ATD Cuarto Mundo y la OJDS preparan una réplica oficial ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que incluirá datos estadísticos, informes técnicos y testimonios directos para reforzar sus alegaciones sobre el incumplimiento estructural de los estándares europeos en materia de rentas mínimas.
Llamamiento a la sociedad civil
Las organizaciones hacen un llamamiento a otras entidades sociales, sindicatos y colectivos ciudadanos para que se sumen al proceso aportando informes y testimonios sobre el impacto real del Ingreso Mínimo Vital. “La defensa de los derechos sociales fundamentales requiere no solo leyes ambiciosas, sino su aplicación efectiva conforme a los compromisos internacionales de España”, subrayan.
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