INTERCIDS advierte que la reforma judicial limita la defensa de los animales ante el maltrato

Según denuncia la organización, el nuevo Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la LECrim introduce importantes limitaciones a la figura de la acusación popular, restringiéndola a un listado cerrado de delitos considerados “contra intereses colectivos”, como los delitos urbanísticos, medioambientales o contra el patrimonio histórico. Sin embargo, no incluye los delitos contra los animales, pese a que comparten ámbito competencial dentro de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Desde INTERCIDS advierten de que esta exclusión “podría traducirse en una drástica reducción de los procedimientos penales por maltrato animal”, ya que en muchos casos las denuncias judiciales se impulsan gracias a la personación de entidades de protección animal sin ánimo de lucro. “Esta reforma puede poner en riesgo el avance conseguido en la judicialización de los delitos contra los animales”, señalan desde la entidad.

Peticiones reiteradas desde 2021

INTERCIDS recuerda que ya en 2021 presentó al Gobierno un documento de propuestas de enmiendas para adaptar el texto legal a la realidad jurídica actual y garantizar la participación de la acusación popular en la persecución de estos delitos.

En 2025, la organización volvió a trasladar sus observaciones al Ejecutivo, reiterando la necesidad de incluir expresamente los delitos contra los animales entre los susceptibles de acción popular y de corregir otros puntos que limitan las facultades de esta figura procesal.

Pese a ello, la entidad lamenta que el Consejo de Ministros no haya atendido sus propuestas, y anuncia que volverá a remitir sus enmiendas a los grupos parlamentarios durante la tramitación de la ley “para asegurar que los delitos contra los animales no queden fuera del amparo judicial ni del control ciudadano”.

Un instrumento clave en la defensa de los animales

INTERCIDS subraya que la acusación popular ha sido determinante en casos emblemáticos de maltrato animal, como el del caballo Sorky, apaleado por su dueño tras perder una carrera en Mallorca, cuya condena histórica solo fue posible gracias a la personación de la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA).

La organización insiste en que mantener la acción popular es esencial para garantizar la justicia y combatir la impunidad en los delitos cometidos contra los animales, y recuerda que el reconocimiento de estos delitos en el Código Penal ha sido fruto de años de trabajo conjunto entre la sociedad civil, el ámbito jurídico y las instituciones.