UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha denunciado que la Junta ha adjudicado un nuevo contrato de 95,4 millones de euros para el servicio de helicópteros medicalizados, una cifra que podría alcanzar los 174 millones con las prórrogas, mientras el personal del transporte sanitario aéreo continúa en huelga y sin que se hayan resuelto los “graves problemas laborales y estructurales” del sector.
La organización sindical considera “inaceptable” que el Ejecutivo autonómico destine cifras récord a la subcontratación “sin garantizar la renovación real de los aparatos ni la estabilidad de sus tripulaciones”. Según explicó la secretaria del sector de transporte sanitario de UGT, Marta Vian, el nuevo contrato incrementa la edad media de la flota, que pasa de 12 a casi 19 años, por lo que “la Junta paga cuatro veces más por helicópteros más viejos”.
UGT califica de “contradicción flagrante” que la Junta anuncie una mejora del servicio con diez helicópteros y uno de reserva sin asegurar la modernización de la flota ni mejores condiciones para los profesionales. Además, recuerdan que la empresa adjudicataria, una UTE de Avincis, no está obligada a aportar aeronaves nuevas, lo que supone que “los castellanoleoneses seguirán dependiendo de una flota envejecida mientras se incrementa el gasto público”.
El sindicato denuncia también las “condiciones indignas” en las que trabajan los tripulantes, con salarios congelados durante una década, un alto porcentaje de falsos autónomos y sin el reconocimiento como parte del sistema público de emergencias.
Por ello, UGT exige a la Consejería de Sanidad que rinda cuentas sobre los criterios técnicos del contrato, la edad y procedencia de las aeronaves, y que publique la planificación real del servicio, con información sobre bases, tiempos de respuesta y dotaciones hospitalarias de aterrizaje. Asimismo, reclama que se avance hacia un modelo público de transporte sanitario aéreo, integrado en el sistema sanitario autonómico.
El sindicato concluye que Castilla y León no necesita contratos millonarios ni titulares propagandísticos, sino un servicio público de emergencias seguro, eficaz, transparente y que cuide tanto a sus profesionales como a la ciudadanía.
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