
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha alertado de la existencia de la que consideran “la mayor bolsa de fraude en la contratación” en Castilla y León. Según el sindicato, en los seis primeros meses del año se han registrado 25.000 bajas laborales de personas con contrato indefinido que no superaron el periodo de prueba.
UGT advierte de que esta práctica se ha convertido en una estrategia habitual entre las empresas para evitar el pago de indemnizaciones y transformar los contratos indefinidos en temporales “a coste cero”. Por ello, reclama la intervención inmediata de la Inspección de Trabajo para sancionar con firmeza este “fraude de Ley”.
Europa ya se ha pronunciado sobre la limitación de los periodos de prueba en España, que actualmente pueden extenderse hasta seis meses. El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores establece que el periodo de prueba no podrá superar los seis meses en técnicos titulados ni los dos meses para el resto de empleados. En empresas con menos de 25 trabajadores, el límite es de tres meses para quienes no sean técnicos titulados.
Desde UGT recuerdan que la reforma laboral de 2022 tuvo como objetivo reforzar la estabilidad en el empleo en un mercado caracterizado por su alta temporalidad, que afectaba especialmente a jóvenes, mujeres e inmigrantes. De hecho, la tasa de temporalidad en Castilla y León se ha reducido del 25,2% en 2018 al 16,4% en 2024, gracias a las restricciones a la contratación temporal.
Sin embargo, el sindicato denuncia que muchas empresas han encontrado un nuevo resquicio en el uso fraudulento del periodo de prueba: contratan de forma indefinida y, antes de que este plazo concluya, dan de baja al trabajador, evitando tanto la indemnización por despido de contrato indefinido como la que correspondería en un contrato temporal.
Ante esta situación, UGT exige que la Inspección de Trabajo actúe de oficio y con contundencia para frenar lo que califican de “lacra laboral”. “Es hora de defender el derecho a un empleo de calidad y con condiciones justas”, subraya el sindicato, que concluye con dos preguntas: “¿Para cuándo un periodo de prueba para los empresarios? ¿Para cuándo una reforma del Estatuto de los Trabajadores en esta materia?”





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