
El empresario Carlos Tejedor, propietario de Dibaq y la directora general de Derwent Group, Sofía Arévalo han sido acusados de participar presuntamente en maniobras para favorecer como testaferro al principal grupo comprador beneficiado en el concurso.
Varios empresarios europeos —acreedores de Laboratorios Ovejero— han presentado una querella ante los Juzgados de León por presunta estafa procesal y alzamiento de bienes en el procedimiento concursal.
Carlos Tejedor, propietario de Dibaq, figura como investigado tras la presentación de una querella en los Juzgados de León por parte de tres empresarios europeos, acreedores de Laboratorios Ovejero. El procedimiento se basa en acusaciones de estafa procesal y alzamiento de bienes derivadas del concurso de esa farmacéutica segoviana.
Según los denunciantes, Tejedor y otros implicados habrían utilizado una sociedad instrumental, Eagle Heat S.L.—controlada al 99,994 % por el Grupo Tejedor— para adquirir, en medio del concurso, más de 5 millones de euros en créditos contra la compañía. Con ello, consiguieron inclinar los votos a favor de un convenio que aplicaba una quita del 50 % y un periodo de espera de tres años. La operación supuestamente generó un beneficio estimado en 1,6 millones de euros, en detrimento de pequeños acreedores, trabajadores y proveedores.
Los querellantes subrayan que Eagle Heat renunció a un crédito privilegiado por casi 1,8 millones, con el fin de asegurar la aprobación judicial de un acuerdo que, aseguran, no habría prosperado sin su intervención. Además, Daniel Tejedor habría adquirido estos créditos de forma encubierta, actuando como testaferro para ocultar la identidad real de los beneficiarios.
La querella, presentada el 22 de abril, solicita que se investiguen penalmente a Carlos Tejedor y a otros implicados, incluidos responsables de Archer Partners, y pide medidas cautelares como el embargo de bienes y diligencias bancarias para evaluar la trazabilidad de los créditos.
Este caso pone a los directivos de Dibaq en el punto de mira judicial y subraya el riesgo de prácticas opacas en procesos concursales que podrían haberse saldado en perjuicio de numerosos acreedores minoritarios.
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