IUCyL denuncia la externalización de pruebas diagnósticas al grupo Atrys-Health

Desde la formación de izquierdas señalan que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León deriva desde hace años pruebas diagnósticas radiológicas -principalmente TAC y RM- al grupo Atrys-Health.  Indican que el grupo se ha destacado por descubrirse que presionaba a oncólogos de la sanidad privada para que rechazasen tratamientos y así derivar a los pacientes a la sanidad pública. Esta empresa, además, recomendaba a los médicos utilizar terapias más baratas que las normalmente usadas en la sanidad pública, eliminando los tratamientos más innovadores.

IU señala que en los hospitales y áreas de salud afectadas (sobre todo Bierzo y León) son numerosas las exploraciones asumidas por esta empresa. Indican que con externalizaciones así se corre el riesgo de obtener peores resultados en los procesos de diagnóstico y tratamiento.

Desde la red de salud de Izquierda Unida, Carmen Franganillo expone que “En lugar de buscar soluciones con las plantillas propias para llevar a cabo estas exploraciones, la Consejería de Sanidad ha preferido regar con dinero público a esta y otras empresas de dudosa reputación, cuyo único propósito es obtener el máximo beneficio a costa de la salud de la población castellana y leonesa”. Apuntan que las prácticas de este tipo de empresas llevan a la no autorización de tratamientos recomendados en las guías clínicas internacionales y aprobados por las autoridades sanitarias, por razones de coste-efectividad. Ésto deriva en que depende la vida de los pacientes de lo que resulte rentable o no a una empresa.

El Coordinador de IU-CyL Juan Gascón ha apuntado que: “Se trata de un escándalo político. La Junta de CyL malgasta el presupuesto externalizando pruebas a empresas piratas que solo buscan beneficio, aún a costa de poner en peligro la salud de la población a la que debería proteger”.

Desde IU-CyL exigimos a la Consejería de Sanidad del Partido Popular (PP) que precise cuántos contratos existen con esta empresa, mayor transparencia en la contratación desde las gerencias de los hospitales y la Consejería de sanidad y una auditoría externa independiente sobre las posibles negligencias cometidas, la rescisión inmediata de los contratos y la asunción de responsabilidades por mantener una situación de la que eran conocedores y que afecta gravemente a la salud de nuestra población.