
La oposición en bloque rechaza el precio público de uso de los espacios comunes del CIDE. Para el PSOE, el alcalde debería abandonar sus caprichos y presentar un Plan Integral de uso del edificio, acorde con el objetivo para el que fue construido, para incentivar la innovación y el desarrollo empresarial.
Varapalo al Gobierno municipal del PP y al alcalde Mazarías, al que la oposición en bloque ha recordado que gobierna en minoría y tiene que reestablecer el diálogo y los espacios de participación de los grupos municipales que estaban vigentes en el anterior mandato. El pleno ha aprobado, con el rechazo del PP, la moción del PSOE para que los portavoces de los grupos estén presentes en la junta de Gobierno Local, con voz y sin voto.
A este varapalo se ha sumado otro mazazo, ya que la oposición ha rechazado la aprobación del precio público por el uso de espacios comunes del CIDE. El mensaje es claro: el alcalde no puede dedicar el CIDE a rodajes y anuncios o eventos varios hasta que no presente un plan integral de funcionamiento del edificio. Pero ¿Tiene un plan para el CIDE? ¿Quiere o no el CITAR en el CIDE? El alcalde no responde, ni dialoga ni escucha, y hoy la oposición le ha dado un evidente tirón de orejas.
Como decimos, IU, Segovia en Marcha, Ciudadanos, a los que se ha sumado VOX (tras introducir una enmienda) han apoyado la moción del PSOE para que los portavoces de la oposición regresen a la Junta de Gobierno local, con voz pero sin voto, como así hacían en los últimos doce años hasta la llegada del PP al Gobierno municipal el año pasado.
Pero también el acuerdo plenario, tal y como reza la moción aprobada, obliga al Gobierno municipal a cumplir el Reglamento Orgánico y las normas de funcionamiento de las comisiones informativas, acordadas en su seno, para que éstas se convoquen una vez al mes; además de facilitar en tiempo y forma el acceso a las peticiones de información y acceso a los expedientes requeridos por la oposición.
La propuesta socialista abundaba en recuperar aquellos cauces que permitían una oposición informada y, con ello, facilitar su tarea en aras a presentar propuestas constructivas en favor del interés general.
Rechazado el precio público sobre el uso del CIDE
Antes de este mazazo, el Gobierno del PP sufrió otro varapalo, al rechazarse el dictamen de aprobación del precio público por el servicio de parking y otros usos del CIDE y de las condiciones de autorización y uso de espacios comunes y singulares en este inmueble. Tras este rechazo en bloque del dictamen (solo fue apoyado por el PP), el alcalde debería reflexionar sobre el uso de un inmueble concebido, precisamente, en favor de la innovación y la diversificación económica.
En este punto, el viceportavoz socialista, Jesús García Zamora, ha reprochado al alcalde que su interés se queda en lo superfluo (salarios, coches, guardaespaldas o despacho) y no en lo importante, ha recordado que el edificio fue concebido como una incubadora de empresas y de innovación, también para el tejido empresarial de nuestra ciudad. García Zamora ha señalado que la principal función del CIDE es servir de dinamizador de la economía y del empleo local, a través del desarrollo de la industria y de empresas emergentes en diferentes sectores.
Sin embargo, en el caso del CIDE, el alcalde y el PP han demostrado una torpeza mayúscula, con decisiones cargadas de “caprichos y complejos” y que suponen un despilfarro. “El despacho del alcalde nos va costar 500.000 euros cada año”, ha dicho García Zamora, en alusión a las cantidades que se dejarán de ingresar por el alquiler de oficinas.
Moción en favor de la calidad democrática
El desdén y menosprecio al diálogo y la negociación con el resto de los grupos del que ha hecho gala el alcalde, pese a gobernar en minoría, ha tenido como consecuencia esta cohesión de toda la oposición en torno a una moción que planteaba una demanda justa y legítima, y que abunda en la calidad democrática de este Ayuntamiento. El acuerdo implica que los grupos regresen a órganos como la Junta de Gobierno Local y participar en las comisiones con todas las atribuciones que les confiere el Reglamento, entre ellas, el de realizar preguntas, consultas y demandas de información sobre asuntos de la gestión municipal que, necesariamente, no tienen que ser temas sometidos al pleno.
La portavoz municipal del PSOE, Clara Martín, en defensa de la moción, indicó que la propuesta suponía una oportunidad para que el alcalde, después de un año al frente del consistorio, cumpliera su promesa de ser “el alcalde del diálogo”. “Rectifique, porque y ábrase al diálogo con el resto de los grupos”, ha señalado Martín, que también ha reclamado al PP que deje de incumplir las normas de funcionamiento de las comisiones y facilite el trabajo de la oposición.
“Aquí estamos gracias al voto de los ciudadanos y sus votos valen igual que los nuestros. Y aunque no estemos ahora gobernando, tenemos el deber y la obligación de trabajar por el bien de Segovia”.
Lamentables los pobres argumentos del PP para rechazar la moción, a través de su portavoz, Rosalía Serrano, como que acceder a la junta de Gobierno suponía restar competencias al alcalde y peor aun cuando ha faltado a la verdad acusando al PSOE de no realizar propuestas para la modificación del Reglamento.
Como se recordará, una de las primeras decisiones del alcalde Mazarías fue expulsar a los portavoces de la Junta de Gobierno Local, en una decisión que demostraba la “doble vara de medir” del PP, que lo exige cuando está en la oposición y asegura que no es necesario cuando gobiernan. Hasta la llegada de Mazarías y desde 2011 hasta la entrada del PP en el Gobierno, los portavoces de la oposición participaban en las reuniones de la Junta de Gobierno con voz y sin voto, lo que ha reclamado el PSOE de forma insistente.
Mención aparte merece el debate de la moción de IU en relación a los pisos turísticos, finalmente rechazada por PP y VOX. Las declaraciones del concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca suponen toda una irresponsabilidad. El concejal socialista, Antonio Reguera, le ha preguntado si no iba a perseguir una actividad económica que se está ejerciendo sin autorización municipal, a lo que el concejal del PP ha llegado a asegurar que, en todo caso, los pisos turísticos suponían elementos de generación de riqueza, palabras que también han escandalizado al proponente, el concejal de IU, Ángel Galindo.






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