El PSOE insta al gobierno municipal a que tramite la modificación del reglamento orgánico para permitir la participación de los portavoces de todos los grupos en la Junta de Gobierno local

El grupo municipal socialista abogó siempre por reforzar estos instrumentos y, prueba de ello, fue la decisión histórica adoptada en 2011 por el Gobierno socialista encabezado por el alcalde Pedro Arahuetes para que los portavoces de la oposición pudieran entrar, con voz pero sin voto, en la junta de Gobierno del Ayuntamiento. Esta decisión, a la que dieron continuidad los gobiernos socialistas encabezados por Clara Luquero y Clara Martín suponía una contribución para que una oposición informada pudiera hacer aportaciones constructivas en favor del interés general.

El actual regidor de la ciudad, el señor José Mazarías (PP) se presentó ante la ciudadanía como el alcalde del diálogo. Así lo dijo en su discurso de investidura, el 17 de junio de 2023, donde, tal y como recogieron los medios de comunicación, anunció un mandato “en el que primará el diálogo con el resto de fuerzas políticas, con los vecinos y con el resto de instituciones”. Sin embargo, a la primera oportunidad incumplió este propósito, al tomar la decisión de expulsar a los portavoces de los grupos de la oposición de la junta de Gobierno local, donde habían estado en los últimos 12 años, lo que suponía un claro retroceso en la calidad democrática de este Ayuntamiento.

Ha pasado algo más de un año y en este tiempo, a juicio de este grupo municipal, hemos asistido a un deterioro de los espacios de participación de los grupos de la oposición. Sin presencia en la junta de Gobierno local desde hace más de un año, los grupos municipales solo cuentan con las comisiones informativas ordinarias para poder recabar información y preguntar directamente a los responsables de las distintas concejalías sobre temas de interés de la gestión del Gobierno municipal y realizar, en consecuencia, el trabajo de fiscalización que tienen encomendada por los ciudadanos.

Sin embargo, ahora el Gobierno municipal solo ha convocado 4 de las 6 comisiones para el pleno ordinario del mes de julio, una de ellas, la de Servicios Sociales, más tarde de lo habitual, en la víspera de este pleno.

De esta manera, en primer lugar, se incumple el artículo 46 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento. Si bien las comisiones son órganos que tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del pleno, en el punto 46.3 se dice, literalmente, que “podrán requerir de los órganos municipales de Gobierno la información necesaria sobre su acción de Gobierno”, mientras que  en su el punto 46.4 se hace referencia a que una de las funciones importantes de las comisiones es facilitar el “seguimiento de la gestión del alcalde y de su equipo de Gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, corresponde al pleno”.

Es decir, en las comisiones los portavoces y el resto de concejales presentes tienen la oportunidad de pedir información, hacer preguntas y consultar sobre cualquier tema de la gestión municipal, de tal manera, que si no se convocan (en este caso la de Urbanismo y Medio Ambiente y la de Participación Ciudadana) se cercenan los canales de información y transparencia con los grupos de la oposición.

Por otro lado, en las comisiones informativas, según recogen los acuerdos adoptados sobre su “normas de funcionamiento” al principio del actual mandato, se decidió establecer una periodicidad fija para la celebración de las sesiones ordinarias, que se celebrarían de forma mensual. De hecho, la concejala de Servicios Sociales, Azucena Suárez, propuso, por ejemplo, que la periodicidad de la comisión informativa que preside fuese mensual “existan o no asuntos que se deban dictaminar en el pleno”, tal y como recoge el acta de la sesión de esta comisión del 24 de julio de 2023.

Por otra parte, resulta sorprendente e inaudito que en algunas de las comisiones informativas ordinarias no haya estado presente el concejal delegado del Gobierno municipal del PP, lo que supone una falta de respeto a los miembros de la corporación. De esta manera, al no estar presente, el concejal responsable elude responder preguntas de la oposición, algo que no abunda, precisamente, en esa calidad democrática a la que estamos haciendo referencia.

En relación a la presencia de los portavoces en la junta de Gobierno local, tras un año de gobierno en minoría del PP, se antoja urgente y necesario que modifique el Reglamento para permitir su participación. El Reglamento se iba a modificar antes de finales de 2023, precisamente para reforzar los canales de participación de los grupos de la oposición, pero rozando el mes de agosto de 2024 aún no se ha producido este cambio normativo.

Desde 2011, el PP ejerció la oposición en este ayuntamiento con presencia de su portavoz en la junta de Gobierno local, de tal manera que resulta de sentido común que los portavoces de los grupos vuelvan a estar presentes en este órgano, pues los grandes beneficiados son los ciudadanos de Segovia, representados por todos los grupos con presencia en la corporación.

Resulta, en suma, de vital importancia que los portavoces de los grupos puedan asistir, con voz pero sin voto, como así se ha hecho durante la reciente historia democrática de este ayuntamiento, y que, al mismo tiempo, en virtud de los acuerdos adoptados, se cumplan con los acuerdos de celebración de las comisiones informativas ordinarias con una periodicidad fija de al menos una vez al mes, en tanto que, como hemos dicho, suponen el único foro donde la oposición puede realizar consultas directamente a los concejales responsables de cada área sobre cualquier asunto relacionado con sus gestión.