San Juan propone una mesa por la vivienda con acciones inmediatas sobre pisos turísticos irregulares

La proliferación de viviendas turísticas que operan de forma irregular sin licencia es una realidad que impacta de lleno en el derecho de la población a acceder a una vivienda, tanto en compra como en alquiler, y que se deja notar también en Segovia: “O las administraciones ponen límites, o el uso turístico de pisos y apartamentos y de alquileres temporales vinculados a la IE van a seguir comiéndose la oferta de vivienda disponible en la ciudad para población estable y haciendo imposible avances en la ciudad como la apuesta por la industrialización”. Así de contundente se mostraba Guillermo San Juan, concejal de Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde), que además ha puesto sobre la mesa varios datos recogidos por el INE: en varios distritos y secciones de la ciudad, el número de viviendas turísticas respecto al total de viviendas disponibles supera ya el 1’5% del total del parque de vivienda segoviano, un peso similar a otras ciudades como Valencia o Sevilla y por encima de la media de Madrid y Barcelona.

San Juan lleva meses reclamando al PP que actúe ante estos alojamientos turísticos irregulares, y ha vuelto a denunciar la disparidad entre la realidad que existe en la ciudad y el control que tienen las administraciones sobre ella: mientras en las distintas plataformas se oferta una media de 140 alojamientos turísticos, el registro de la Junta de Castilla y León no llega a los 30 establecimientos turísticos de este tipo, lo que supone que casi el 85% de los pisos turísticos que operan en Segovia lo hacen de forma irregular. “Esta realidad, la de los alojamientos turísticos que se ofertan en Segovia sin contar con las licencias y permisos necesarios para ellos, no sólo reduce la oferta de vivienda disponible para la población estable de nuestra ciudad, también supone una competencia desleal hacia aquellos que sí cumplen la normativa y, por lo tanto, pueden ser una práctica comercial desleal que infrinja, además de la normativa urbanística, la Ley para la defensa de consumidores y usuarios: esto es precisamente lo que está investigando el Ministerio de consumo desde hace pocas semanas y para ello se ha ofrecido a los ayuntamientos para actuar conjuntamente en detectar, y sancionar si procede, a aquellos alojamientos que estén incumpliendo la ley”, explicaba San Juan.

Además del gobierno de España, esta misma semana el consejero de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha adelantado también varios cambios normativos de ámbito autonómico para restringir las viviendas turísticas, una moratoria a más licencias de este tipo de alojamientos y un estudio, en colaboración también con los ayuntamientos, de zonas especialmente afectadas por este fenómeno.“

El concejal de Segovia en Marcha pide al gobierno de Mazarías que aproveche la oportunidad que están abriendo tanto la Consejería de Vivienda de Castilla y León como el Ministerio de Consumo para hacer cumplir la ley a estos alojamientos irregulares que operan en nuestra ciudad, y para ello, plantea “empezar por lo más sencillo”: comunicar a las dos administraciones cuáles son los alojamientos que sí operan amparados en una licencia urbanística otorgada por el ayuntamiento y, además, avanzar en un plan de inspección y regularización de estos alojamientos. “Creemos que el ayuntamiento tiene que defender el interés general y dejar de mirar para otro lado ante este tipo de establecimientos que funcionan en nuestra ciudad al margen de cualquier control público: comunicar al ministerio cuáles sí tiene comprobado el ayuntamiento que cuentan con licencia para poder funcionar es una manera sencilla de colaborar con esta investigación iniciada por el ministro Bustinduy y con lo que apunta la consejería de vivienda de la Junta de Castilla y León”, apuntaba San Juan.

Para abordar estas cuestiones, San Juan propone la creación de una mesa por la vivienda en la que poder analizar la puesta en marcha de otras iniciativas en esta materia, como implementar el recargo del IBI para las viviendas vacías, 8.200 en Segovia capital según el Instituto Nacional de Estadística, o avanzar en la realización de un registro municipal de alquileres temporales como los de los alumnos del IE, en línea de lo que ha planteado esta misma semana el Ministerio de Vivienda. “Segovia necesita urgentemente que el ayuntamiento aborde de forma valiente la problemática de acceso a la vivienda a la que nos enfrentamos: el gobierno de Mazarías tiene que aprovechar todas las oportunidades que están poniendo sobre la mesa el resto de administraciones, nos va el futuro de Segovia en ello”, finalizaba San Juan.