La compañía de telefonía e internet cortará el suministro si no se abona la factura antes del 3 de marzo. La Junta continúa sin garantizar la mediación laboral y sigue instalada en la insumisión.
Las consecuencias de la falta de liquidez del SERLA por el incumplimiento de las obligaciones de la Junta de Castilla y León no dejan de sucederse. Esta vez les ha tocado a las comunicaciones. La compañía de telefonía e internet acaba de comunicar al SERLA que les cortará el suministro de no abonar la factura.
El recién presentado proyecto de presupuestos para el 2024 contempla una partida para el SERLA de 400.000 euros, cuantía manifiestamente insuficiente que apenas llegará a cubrir gastos hasta verano, abocando de nuevo al Organismo a una situación de falta de liquidez intencionada. Además, para cuando quiera ingresarse ese dinero, la situación de agotamiento y extenuación del SERLA será irreversible.
No es el primer aviso de este tipo. El pasado 5 de febrero, la propietaria del inmueble comunicó el inicio del procedimiento de desahucio ante el impago de la renta del mes de enero y febrero. La compañía de la luz también notificó el pasado 30 de enero el corte del suministro eléctrico de no abonarse la factura pendiente antes del 31 de enero. Los trabajadores de la Fundación no han cobrado sus salarios correspondientes al mes de enero que en ningún caso van a cobrar, en tiempo y forma, los del mes de febrero. Sin hablar de la calamitosa situación del director general, que lleva sin cobrar su salario desde el pasado verano.
Por otra parte, la falta de liquidez acarrea que el SERLA lleve dos meses sin poder enviar las citaciones para actos de conciliación-mediación individuales, dejando más de 900 procedimientos sin atender, o lo que es lo mismo, más de 1.800 trabajadores y empresarios a los que se le conculca el derecho a conciliar y resolver su conflicto sin tener que llegar a la vía judicial.
Por todo ello, desde UGT y CCOO exigimos a la Junta de Castilla y León que de manera inmediata cumpla con sus obligaciones y aporte una financiación suficiente para que el SERLA pueda seguir desarrollando el servicio público de mediación laboral.
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