UGT denuncia que “la JCyL es el empleador que peor trata a sus trabajadores” y tiene paralizada la publicación de las RPTs

UGT lleva años reclamando una nueva Ley de Función Pública porque la que está vigente data de 2005. Ya hay muchas CCAA como Andalucía, Asturias, Extremadura, Rioja, País Vasco o País Valenciano que han renovado su Ley y la han adaptado a las actuales necesidades de los empleados públicos de la administración. De hecho, a principios de 2022, la Consejería de Presidencia convocó a los sindicatos con representación en las Mesas de Negociación para que, en una Mesa Técnica, formularan alegaciones a "un borrador" de Ley de Función Pública elaborado por la Junta. Sin embargo, tras casi un año de negociaciones en enero de 2023 y después de que los sindicatos presentaran sus alegaciones finales a dicha propuesta, con el compromiso por parte de Función Pública de analizarlo y dar una respuesta “en breve”, la negociación se encuentra paralizada. 

Según UGT, la realidad laboral de los empleados de la administración actual difiere mucho de la que ocurría hace 17 años y es urgente una adaptación normativa para atender a las nuevas necesidades.  

Por otro lado, desde el sindicato también exigen a la JCyL la aprobación y publicación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de las diferentes Consejerías de la Junta, las conocidas como RPTs, porque son un documento fundamental en la ordenación de recursos humanos de las diferentes Administraciones Públicas ya que a través de ellas se conoce cuántos puestos de trabajo existen, cuáles están ocupados o no por sus titulares, cuáles deben ser convocados a concursos de traslados, a promoción interna o se deben cubrir por oferta libre. 
No obstante, los Tribunales de Justicia procedieron hace años a “una anulación bochornosa de la antiguas RPTs”, según denuncian desde UGT y, actualmente, no existen, “con lo que la administración autonómica hace de su capa un sayo y contrata al personal como y cuando quiere, saltándose a la torera cualquier normativa en materia de contratación o de nombramiento de funcionarios”. 

Es más, desde la organización sindical aseguran que hay Consejerías que se han creado en algunos de los diferentes Gobiernos de la Junta y que después han llegado a desaparecer sin que en ningún momento hayan llegado a tener aprobada su propia Relación de Puestos de Trabajo. Y todo ello pese a que en abril de 2023 se convocó a las centrales sindicales para hacerles llegar una propuesta de RPTs que se comenzó a negociar con Función Pública y cuya primera revisión finalizó en junio de 2023, con el compromiso de volver a negociar en septiembre de dicho año, pero, a fecha de hoy, no han vuelto a convocar a los sindicatos para continuar con la elaboración de las Relaciones de Puestos. 

Por eso, desde UGT se preguntan cuál es la causa de ese retraso y suponen que pueda deberse a incremento de los presupuestos, algunas Consejerías salgan muy beneficiadas en detrimento de otras que, para compensar, pierden puestos trabajo o pierden niveles en algunos de sus grupos profesionales. En consecuencia, desde el sindicato se preguntan si existe malestar o, incluso bronca, entre las diferentes Consejerías y esa sea la causa de la actual situación de inmovilismo en la JCyL. Sea como fuere, UGT Servicios Públicos asegura que, en Castilla y León, sin la aprobación de las RPTs hay procesos dentro de la Función Pública que va a ser muy difícil que se vayan a producir, como, por ejemplo, los Concursos de Traslados, los Procesos de Promoción o los de Estabilización. Es más, el sindicato asegura que solo conocen la cifra concreta de funcionarios trabajadores en la Junta cuando van a llevar a cabo procesos electorales porque están obligados a facilitar un censo que permita a todos los trabajadores afectados votar y, en muchas ocasiones, se encuentran con la necesidad de acudir a RRHH con algún empleado que lleva años trabajando en la Administración para que emitan un certificado que les permitan votar en los mencionados procesos porque ni siquiera están censados. Actualmente, manejan la cifra de 17.000 trabajadores de la JCyL. 

Para finalizar, UGT ha asegurado que quiere “una administración del s.XXI y acabar con el tópico del funcionario de “vuelva usted mañana” porque todos los trabajadores públicos son imprescindibles y no deben entrar por la puerta de atrás, como parece que puede estar ocurriendo actualmente con la no publicación de las RPTs. Los sanitarios, forestales, docentes, bomberos, oficinas del Ecyl, etc son funcionarios y dependen de la Junta de Castilla y León y es, sin embargo, el empleador que peor trata a sus trabajadores”.