Definir el recinto amurallado como zona de bajas emisiones deja fuera los puntos negros de contaminación de la ciudad

El concejal de Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde), Guillermo San Juan, ha hecho una primera valoración del borrador de la ordenanza que recibió ayer en una reunión con técnicos del área de movilidad, también con el concejal responsable, texto que según anunció ayer, pretenden aprobar en el pleno del próximo viernes 23 de febrero. San Juan, que ha querido mostrarse prudente “ante una decisión, el establecer en Segovia una zona de bajas emisiones tal y como obliga la legislación, que tiene un impacto concreto en el día a día de los segovianos y segovianas y que es complejo, pero también necesario: nosotros defendemos que, además de cumplir los plazos marcados en la ley, establecer una zona de bajas emisiones en la ciudad tiene que servir para algo, para mejorar los niveles de contaminación atmosférica y fomentar el transporte público y no contaminante, no sólo para cumplir el expediente”, explicaba.

San Juan reconoce que “en Segovia desde luego no tenemos los serios problemas de contaminación que sufren otras ciudades de nuestro país, pero sí existen zonas y momentos del día que alcanzan niveles de emisiones reseñables que el ayuntamiento debe tener en cuenta y que, además, centraban buena parte de las reclamaciones que han hecho llegar los vecinos sobre este asunto”, vías públicas concretas y conocidas por los segovianos y segovianas por su elevado volumen de tráfico: la Calle San Gabriel, Vía Roma o el entorno escolar de la avenida Padre Claret. “Estos puntos negros de contaminación de la ciudad, que son las zonas donde precisamente sería necesario actuar, quedan fuera del proyecto de ZBE del PP igual que quedaban fuera del proyecto del anterior equipo de gobierno, y quedan fuera por dos razones: porque el ayuntamiento no tiene datos actualizados de mediciones de niveles de contaminación sobre los que tomar decisiones tan relevantes como esta, sino que se basan en algunas cifras parciales de hace más de 16 años, y porque están anteponiendo la comodidad del ayuntamiento a la necesidad real de la ciudad. Puede darse la paradoja de que la zona de bajas emisiones de Segovia se implante en la zona de la ciudad con menor volumen de tráfico rodado de nuestro municipio y con ello se cumplan los plazos marcados por la ley, pero no se abordan las necesidades de la ciudad en materia de contaminación”, lamentaba San Juan, quien además ha advertido de que decisiones como esta “sólo alientan los discursos negacionistas de formaciones como Vox: no se tiene en cuenta la evidencia científica, sino otros aspectos que poco tienen que ver con el cambio climático o la contaminación: que sea más o menos fácil de controlar, o que evite conflictos al gobierno de turno”.

Y esta es una de las principales críticas del concejal de Segovia en Marcha: que el PP ha tenido muy en cuenta las “advertencias y sugerencias” de entidades empresariales y económicas como la FES, que reclamaban periodos de implementación muy largos y “flexibilidad” con las restricciones a los profesionales que necesiten el vehículo para su actividad económica, “pero ha pasado olímpicamente de los vecinos y vecinas que reclamaban medidas para garantizar un aire más limpio en las zonas más contaminadas de la ciudad”. “Nosotros estamos de acuerdo en ser prudentes con la aplicación de la normativa para evitar perjuicios económicos a nuestros autónomos y PYMES y en eso vamos a centrar nuestro trabajo, pero también reconocemos el derecho de los segovianos y segovianas a disfrutar de un medio ambiente sano y adecuado”, señalaba.

Finalmente, San Juan apuntaba que “tanto la legislación como la propia ordenanza ponen el foco en que se tienen que tomar decisiones sobre la zona de bajas emisiones, para hacerla más o menos restrictiva en función de la evaluación de sus resultados, de si está funcionando para reducir la contaminación y el tráfico o no lo está haciendo. ¿Cómo van a hacer esto si no conocen el punto del que parten?”, se preguntaba el concejal de Segovia en Marcha. Por ello, San Juan planteará que se estudie la posibilidad de definir estas áreas de la ciudad especialmente conflictivas como “zonas de especial protección”, un mecanismo complementario a la zona de bajas emisiones que la normativa plantea precisamente para entornos escolares, sanitarios u hospitalarios que necesiten medidas específicas de calmado de tráfico.