El 39% de los mayores de 75 años tiene dificultades para acceder desde la calle a su vivienda en Castilla y León

Aunque la normativa vigente exige unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso a los edificios, la realidad es que el 39% de los mayores de 75 años de Castilla y León tiene dificultades para acceder desde la calle a su vivienda, bien porque no hay ascensor, bien porque ha de subir de forma obligatoria escaleras, o por ambos factores. En Castilla y León, 333.918 personas tienen 75 años o más (un 14,05% de la población) y, de ellas, un 31% vive sola.

Por este motivo, los castellanoleoneses conceden una nota de 5,7 a la accesibilidad de su edificio, de acuerdo con el informe realizado por la Fundación Mutua de Propietarios y la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili con motivo del Día Internacional de los Mayores.

Las carencias en accesibilidad suponen una discriminación de los derechos fundamentales de las personas mayores como la libertad de residencia y circulación, el libre desarrollo de la personalidad o la igualdad.

De acuerdo con el informe de la Fundación Mutua de Propietarios, padecer una enfermedad crónica (73%), tener problemas de movilidad (70%), no disponer de una pensión de jubilación (60%), ni de recursos económicos para vivir (58%), seguido de la soledad (53%), son las principales preocupaciones de los castellanoleoneses.

Partiendo de estas preocupaciones, el estudio de la Fundación Mutua de Propietarios advierte que un 87% de los edificios de viviendas necesitan realizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar su accesibilidad.

 En concreto, el 8% de los edificios de viviendas castellanoleoneses necesita un ascensor; 1 de cada 4 edificios necesita una rampa para salvar el escalón de acceso al portal; el 52% tiene porteros automáticos no accesibles desde una silla de ruedas, al igual que 2 de cada 3 edificios tienen sus buzones elevados y, por tanto, también inalcanzables. Finalmente, aunque el 93% de los portales de acceso al edificio tienen el tamaño adecuado para pasar con silla de ruedas, el 41% necesita instalar un abrepuertas motorizado porque pesa demasiado.

La falta de acuerdo entre vecinos (64%) y los motivos económicos (55%) son las principales razones expuestas por los castellanoleoneses para no realizar las mejoras de accesibilidad que se necesitan en su edificio, especialmente cuando la inversión supone un montante superior a los 2.000 euros. 

La normativa es clara. “Los propietarios pueden obligar a la comunidad de vecinos a asumir parte de las obras de accesibilidad y todas ellas están obligadas a pagar su coste, cualquier que sea su situación económica, por lo que no podrán vetar las obras por circunstancias económicas”, explica el Dr. Héctor Simón, de la Cátedra de Vivienda.