Por la recuperación de los ríos segovianos

En estos tiempos de bulos y manipulaciones los colectivos ecologistas que actuamos en el ámbito de la Sierra de Guadarrama queremos defender las actuaciones que llevan a cabo las Confederaciones en la recuperación de cauces y denunciar las campañas de confusión a las que se prestan algunos medios de comunicación, haciendo creer incluso que la caída de las reservas de agua es consecuencia de la retirada de “presas” abandonadas. Este es el caso de la presa de Grande o Presa de Mesa, en el río Voltoya, o la de Navafría en el río Cega.

La presa Grande tiene una altura de 4 m., se encuentra en ruina funcional, sin mantenimiento ni garantías de seguridad. Es un obstáculo abandonado que impide el desplazamiento de fauna ictícola o el transporte de materiales y semillas. Desde hace tiempo no es más que un depósito de sedimentos. Cumpliendo con la legislación de aguas, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) inició un expediente de caducidad, que ha concluido en el inicio de la retirada de la barrera, una vez que ni el anterior titular ni ningún otra persona o institución se han interesado en hacerse cargo de la barrera para un aprovechamiento regulado, y su mantenimiento.

La presa de Navafría, o de La Muña, en el río Cega, tiene un proceso similar. Es también un azud, de 9 m. de altura, con una concesión caducada desde 2013. Ni los antiguos titulares ni ningún otro particular o ayuntamiento parecen interesados en hacerse cargo del azud, de su mantenimiento, vinculándolo a un aprovechamiento de aguas concreto, tal y como establece la legislación. La actuación de la CHD se ha limitado hasta el momento a estudiar la calidad y el volumen del cieno acumulado, como parte del objetivo que establece la legislación de restituir el dominio público a su estado original y favorecer la recuperación de la biodiversidad fluvial, tal y como establece el Reglamento de Dominio Público.

En el estado de derecho que es España, las administraciones tienen obligación de “garantizar la continuidad fluvial”. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico en su apartado 42 establece que deben eliminarse las infraestructuras que, dentro del dominio público hidráulico, “se encuentren abandonadas sin cumplir función alguna ligada al aprovechamiento de las aguas’’. La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas indica que estas retiradas deben hacerse “con cargo al concesionario”.

Frente a este intento de aplicar las normas legales, recuperar tramos fluviales y evitar riesgos para la seguridad, algunos medios de comunicación han puesto en marcha campañas de divulgación de bulos sobre el “derribo de presas y embalses en plena sequía”, llegando al delirio de relacionar estas potenciales retiradas de pequeños azudes abandonados con la reducción extrema de los recursos de agua en los embalses[1], en las RRSS se llega incluso a expresar amenazas directas[2].

Los ríos, su biodiversidad y sus usuarios son víctimas del cambio climático y de los abusos por aprovechamientos descontrolados, entre otros problemas. Las numerosas barreras fluviales que alteran nuestros ríos provocan graves problemas río abajo, incluso en el mar, frenan el flujo de nutrientes y sedimentos, fragmentan el hábitat, favorecen la presencia de especies exóticas invasoras y bloquean el paso de especies migratorias como los ciprínidos o los salmónidos, especies que en Castilla y León están en franco retroceso desde hace tiempo.

La retirada de estos obstáculos abandonados ayudaría a recuperar los tramos fluviales aguas abajo. Es además un objetivo ambiental y social en toda Europa. Las organizaciones ecologistas Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura animan al Ministerio de Transición Ecológica a que cumpla con la legislación de aguas y acelere alcanzar el objetivo de garantizar el “buen estado ecológico” en los ríos de la cuenca del Duero mediante un plan de retirada de barreras fluviales abandonadas, en el marco del Plan de Restauración de Ríos 2022-2030.