
Castilla y León recibe un total de 21.600.000 euros del programa Bono Alquiler Joven del Gobierno de España y 8727 de los 12563 jóvenes castellanoleoneses -que lo han solicitado cumpliendo todos los requisitos- no pueden disfrutar de esta ayuda.
PP y Vox han votado en contra de la Proposición No de Ley por la que el PSOE instaba a la Junta de CyL a destinar fondos propios y complementar el Bono Alquiler joven aprobado por el Gobierno de España, dotado de 400 millones de euros para las anualidades 2022 y 2023 que permitirá a los beneficiarios recibir 250 euros mensuales durante dos años como ayuda a su contrato de alquiler o cesión de habitación.
En defensa de la propuesta socialista, el procurador del GPS, Miguel Hernández, expuso en el Pleno de las CCyL que, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Comunidad, en CyL han sido aprobadas 3827 peticiones de un total de 12563 solicitudes, y han quedado fuera del acceso a esta ayuda 8727 jóvenes castellanoleoneses.
“7 de cada 10 solicitantes quedan excluidos por la falta de fondos”, resaltó el representante socialista para incidir en la necesidad de que la Junta de CyL destine recursos propios para completar estas ayudas.
“Si esto fuera así y la Junta de Castilla y León, atendiendo a sus competencias legales destinara fondos propios y no solo los que recibe del Gobierno de España estaríamos ante una situación totalmente diferente”, añadió tras lamentar que el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco se mantiene impasible ante la realidad de que casi 9000 jóvenes que, en muchos casos se replantearan marcharse de nuestra Comunidad, no puedan acceder a la ayuda del Bono Alquiler Joven.
El representante socialistas destacó asimismo en su intervención que a diferencia de Castilla y León, comunidades autónomas como Euskadi, Navarra, Valencia, Extremadura o La Rioja han llevado a cabo iniciativas encaminadas a aumentar el número de beneficiarios por “el Bono Alquiler Joven” estableciendo fondos propios y acusó al Gobierno de Mañueco de “escurrir el bulto” y ser “un lastre que gestiona mal los fondos procedentes del Gobierno de España y prioriza la propaganda por encima de la acción en materia de vivienda.”





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