Entre los múltiples derechos de la ciudadanía que han de abordarse en las propuestas electorales, no es el menos importante, quizá el más, la sanidad pública. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia (MEDSAPSG) considera de primordial importancia que la ciudadanía, a la hora de depositar su voto, tenga en consideración el grado de cumplimiento de este derecho así como la gestión política que han hecho del mismo quienes vienen gobernado la comunidad desde hace 35 años. Recordemos que el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, convocó estas elecciones anticipadamente y destituyó, entre otros, a la consejera de sanidad Verónica Casado en plena sexta ola de la pandemia, demostrando una grave irresponsabilidad al poner sus intereses partidistas por encima de la salud de los ciudadanos. El impacto de la pandemia sobre el sistema público de salud está siendo demoledor. Todos pensamos que la virulencia de la primera ola, con un número muy elevado de contagiados ingresados en el Hospital General y, desgraciadamente, de muertos -especialmente en la residencias de mayores- así como la sensibilización de la población sobre la importancia de la sanidad pública y los servicios públicos en general, llevaría a un imprescindible reforzamiento del sistema una vez comprobadas sus limitaciones tras una década larga de recortes. Nuestros responsables políticos no solo no han reforzado los recursos humanos y materiales de la sanidad pública, sino que han renunciado a su fortalecimiento priorizando la derivación a la sanidad privada de aquellos servicios que no podían atender convenientemente y en un plazo razonable. A tal extremo ha llegado la situación de abandono de la población que las aseguradoras privadas han encontrado el terreno abonado para inundarnos con su propaganda, aumentando considerablemente el número de sus pólizas, mientras ocultan que sus prestaciones a precios de oferta no cubren lo que sus nuevos clientes precisan para atender a sus necesidades de salud. Solo una sanidad pública suficientemente dotada, universal, gratuita y de calidad es un escudo eficiente contra la enfermedad, la protección de la salud y las circunstancias sobrevenidas de especial gravedad, como la actual pandemia y otras a las que desafortunadamente estaremos expuestos. Una breve enumeración de la situación sanitaria pública a día de hoy sería la siguiente: La pandemia ha desnudado la realidad de nuestra sanidad: una falta estructural de medios, consecuencia de una infradotación presupuestaria, que se concreta en una cuantificación de personal sanitario, por debajo de las necesidades. Faltan profesionales, además, porque sus condiciones de trabajo son comparativamente peores que en otras comunidades y por supuesto, que en otros países europeos. Atraer profesionales teniendo en cuenta la dispersión rural de la población exige tratarles conforme al desempeño y condicionamiento profesional. Siguen faltando camas hospitalarias de estancias medias y sociosanitarias en Segovia, como consecuencia de ser la única provincia de Castilla y León con un solo hospital. Es una vieja reivindicación que viene siendo “toreada” por los responsables políticos autonómicos. Desde que se cerró el Policlínico se han perdido en torno a 60 camas, que hubieran sido imprescindibles en la primera ola de la COVID. ·El deterioro de la atención primaria, que ya era precaria al no tener suficientes recursos, se ha acentuado con el impacto de la pandemia hasta el extremo de que las citaciones se demoran varios días, incluso más de una semana. Las bajas médicas y los periodos vacacionales del personal sanitario no se cubren, siendo los propios compañeros los que tienen que atender las consultas del ausente. A esto hay que añadir las jubilaciones, para las que no hay reposición, con perspectivas de pérdida de profesionales que ya se están produciendo pero que aumentarán en los próximos años. En los pueblos se han cerrado consultorios dejando las visitas médicas a demanda y perdiéndose la continuidad de la relación médico paciente con desconcierto de fechas y horarios de atención. Todo esto en un contexto en el que la sobrecarga de trabajo y la mala organización impiden a la población acceder de forma ágil y en un tiempo razonable a tener una consulta con su médico o su enfermera o, simplemente, pedirla en el Centro de Salud. La saturación de las consultas con muy poco tiempo para atender a los pacientes aumenta el riesgo de diagnósticos erróneos y el recurso a una hipermedicación. Las patologías no covid han sido desatendidas por el colapso sanitario de manera que muchos enfermos han visto interrumpido el seguimiento de sus enfermedades, postergando pruebas, intervenciones, etc., con grave riesgo para sus vidas. La digitalización y la falta de unos medios suficientes para atender la demanda vía telefónica están dificultando el acceso a los profesionales de atención primaria y se está aislando a buena parte de la población más envejecida, que no puede comunicarse con sus sanitarios de referencia, ni con el Centro de Salud, ni acceder a la aplicación de móvil SacylConecta. Las listas de espera para visitas al especialista o para unas pruebas diagnósticas se están dilatando en el tiempo o están siendo derivadas a la sanidad privada con el consiguiente desvío de recursos para los que hacen caja con nuestra salud. Este es solo un pequeño catálogo de los problemas a los que se enfrenta nuestra sanidad pública, en vías de convertirse en una sanidad de mínimos incapaz de atender y velar por la salud y la vida de todos nosotros. Es fundamental que tomemos conciencia de que somos nosotros los dueños del sistema y que los políticos son solo sus gestores, a los que debemos exigir responsabilidades y sustituir en caso de negligencia o incapacidad, como se ha demostrado en nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Finalmente, hemos de hacer un llamamiento para, conscientes de la importancia de nuestro voto, hagamos que sea este decisivo para nuestra salud y la salud de los nuestros.





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