Lejos de mejorar los servicios de Salud Pública tal como promete una y otra
vez la Consejera de Sanidad, cada vez son más escandalosas las carencias en
los planes de prevención e inspección
Uno de los puntos estrella del documento final del Grupo de Expertos designados
para desarrollar el ámbito sanitario del “Pacto para la Recuperación Económica, el
Empleo y la Cohesión Social” fue el desarrollo y refuerzo de la Salud Pública y la
vigilancia epidemiológica. Entre estas medidas, figuraban:
1. Incrementar las actividades de sanidad ambiental, para adecuarlas a la nueva
problemática ocasionada por el cambio climático, en la prevención y control
de las enfermedades vectoriales (mosquitos, flebótomos, garrapatas,..) o por
otras plagas animales (topillos, animales silvestres,...) a través de los
veterinarios, para minimizar los riesgos sanitarios para la población expuesta,
con especial atención a las zoonosis emergentes y otros problemas sanitarios
relacionados (accidentes de tráfico, molestias, sensibilización,...).
2. Impulsar las actividades de promoción de la salud en los riesgos derivados
por la convivencia con animales, en la inocuidad alimentaria y en la
prevención de los riesgos ambientales.
3. Establecer un sistema de atención continuada en Salud Pública, que integre
sus diferentes ámbitos: epidemiología, ordenación sanitaria, sanidad
ambiental y seguridad alimentaria.
Pues bien, un año después de que estas propuestas aprobadas por el grupo de
expertos de las Cortes de Castilla y León, y asumidas en su integridad por la
Consejería de Sanidad, el equipo directivo de Verónica Casado no ha dado ni un
solo paso para implementar estas medidas. Lejos de ello, el Secretario General de
Sanidad, Sr. Israel Diego Aragón, ha dado instrucciones para que no se sustituyan
las ausencias (vacaciones, licencias y permisos) de los inspectores de los Servicios
Oficiales de Salud Pública. La Consejería de Sanidad lejos de incrementar las inspecciones del COVID, ha
decidido en plena 5o ola, reducirlas a la mínima expresión, anulando las
sustituciones de sus inspectores de Salud Pública y todo ello, no como en el caso
de los médicos y enfermeros por falta de sustitutos, sino por un claro menosprecio
hacia la imprescindible labor de sus profesionales no asistenciales; hemos de tener
en cuenta que fueron considerados trabajadores esenciales durante las anteriores
olas. Ahora que esta función es más necesaria que nunca para frenar la expansión
del coronavirus y por el incremento estival de casos de todo tipo de alertas
alimentarias (helados con óxido de etileno es una de las últimas alertas, pero
podríamos citar otras muy frecuentes como las de la carne mechada con listerias,
la salmonelosis, alérgenos de todo tipo, o cualquiera de las de los cerca de 700
expedientes relativos a productos alimenticios en los que ha estado implicada
España según los datos recogidos en la última memoria del Sistema Coordinado de
Intercambio Rápido de Información –SCIRI-), de nuevo la Consejería de Sanidad
decide minimizar la prevención.
Esto implica que durante los meses de verano las inspecciones de los centros de
mayores (residencias, centros de día, etc.), los restaurantes, bares y en general
hostelería y el resto de establecimientos de convivencia no sean visitados por los
inspectores, al encontrarse de vacaciones y no ser sustituidos. No podemos
asegurar que esta falta de inspección sea la causante del incremento de casos pero
si podemos asegurar que es un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta
y valorar. En plena 5o ola el Secretario General de la Consejería ha dado orden de
que no se sustituya a los veterinarios de Salud Pública, salvo en el caso de los
mataderos (por mandato legal estos establecimientos no pueden funcionar sin la
presencia de estos profesionales).
El ejemplo paradigmático le encontramos en la Zona Básica de Salud de Carrión
de los Condes, en pleno Camino de Santiago, y sede, junto con Burgos y Sahagún,
de las Edades del Hombre que ha permanecido sin inspección veterinaria desde
hace casi un mes, en la época de más afluencia y precisamente cuando deberían
haberse implementado planes preventivos especiales para estas zonas de gran
afluencia de personas de todo tipo de procedencias.
Una vez más, desde el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL) nos
vemos obligados a denunciar la falta de reconocimiento y sensibilidad hacia los
problemas de Salud Pública y los programas preventivos, limitándose la Consejería
a valorar exclusivamente la parte asistencial del Sistema de Salud de Castilla y
León y despreciando la labor preventiva que llevan a cabo los Servicios Oficiales de
Salud Pública.



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