El juzgado reconoce un fraccionamiento en el contrato del técnico de la Cárcel

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha estimado el recurso contencioso interpuesto por el Grupo Municipal del PP contra el decreto de adjudicación de los servicios técnicos de la Cárcel Centro de Creación, condenando en costas al Ayuntamiento de Segovia.

El juez reconoce en su sentencia que el Ayuntamiento de Segovia ha cometido un doble fraccionamiento de contrato.

Señala que ha acudido “al trámite del contrato menor de manera ilegal” puesto que los servicios objeto del contrato se llevan desarrollando en este espacio municipal desde el año 2011, siendo responsable de cultura la propia alcaldesa, Clara Luquero, y no responden a una necesidad esporádica ni puntual sino permanente.

En el texto de la sentencia, el juez incide en que la actuación municipal es ilegal porque es una necesidad permanente y han utilizado la figura del contrato menor para eludir los controles administrativos que la legislación establece.

El portavoz popular, Pablo Pérez, afirma que por segunda vez, se ha demostrado en sede judicial que el gobierno municipal socialista ha troceado un contrato para saltarse la legalidad vigente y poder concederlo a dedo. “Primero fue el caso Trípode y ahora es el contrato de los servicios técnicos de la Cárcel al hermano de la concejala  socialista, Gina Aguiar.  La alcaldesa debe asumir responsabilidades por firmar un decreto de contratación ilegal y sin el preceptivo informe de la secretaria general, a sabiendas de que este contrato, además, se estaba adjudicando al hermano de la concejala Gina Aguiar”.

El Grupo Municipal del Partido Popular está estudianto ya las consecuencias políticas que esta nueva sentencia puede tener para la alcaldesa Clara Luquero.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Segovia han manifestado que la sentencia exculpa a Gina Aguiar y al equipo de gobierno de trato de favor en la contratación del servicio técnico de la Cárcel_Centro de Creación. A lo que el PP ha contestado que la demanda que interpuso "no fue contra la concejala Gina Aguiar sino contra un procedimiento ilegal".

“Sorprende ver cómo el gobierno municipal socialista hace una lectura penal de un proceso contencioso administratvo y cómo la alcaldesa -que es quien  firma el decreto de adjudicación- intenta confundir a los ciudadanos intentando esconder un procedimiento ilegal, amparado por su firma” sentencia Pérez.