Vázquez señala que la 'Ley Celaá' es “sectaria” y fomenta “la mediocridad”

El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, ha señalado este lunes que la nueva Ley Orgánica de Educación es “sectaria, porque impone agentes políticos en los centros escolares” y es una ley que fomenta “la mediocridad, porque se puede pasar indefinidamente de curso, que castiga a los colegios y que va en contra del español”.

Así se ha referido el también Vicepresidente 1º de las Cortes de Castilla y León, en el marco de una rueda de prensa celebrada en la sede segoviana de la formación y en la que ha estado acompañado por la procuradora, María Ángeles García.

El grupo popular presentará este martes en el Pleno de las Cortes de Castilla y León una proposición No de ley en la que solicita al Gobierno central la retirada de la tramitación parlamentaria de esta ley.

La parte dispositiva de la moción recoge cuatro puntos que, según los populares, deberán estar incluidos la nueva Ley Orgánica, como es el hecho de garantizar el castellano como lengua vehicular en toda España; el mantenimiento del modelo educativo actual en el que la educación concertada es complementaria a la pública; la conservación del derecho de los padres con menores con discapacidad para elegir su escolarización en centros especiales u ordinarios; y el establecimiento de una única EBAU para todo el país.

PGE

El secretario autonómico del PPCyL también se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado como “un suicidio para la recuperación económica del país, que hipotecarán a las generaciones futuras”.

Para Vázquez, los Presupuestos Generales son “papel mojado”; significan “el pago de Sánchez por presos, por la exclusión del español o por la subida de impuestos” y marcan “el radicalismo extremo en el que está sumido el Gobierno de la nación” para su aprobación.

En el contexto de la recuperación económica, Vázquez también se ha referido a la situación del sector hostelero y ha hecho hincapié en la propuesta del Partido Popular, ya planteada en el mes de abril y reiterada ahora en noviembre, que recoge diez medidas concretas para autónomos para poner en marcha desde el Gobierno central.

“Es falso que de la hostelería se tengan que ocupar únicamente las comunidades autónomas, ya que pagan impuestos en el Estado”, ha apuntado Vázquez.

Este plan incluye medidas como la exención de cuotas cuando no se producen ingresos; la prolongación de los ERTE; la ampliación de la carencia de pago de los créditos ICO; el aplazamiento de los impuestos; el restablecimiento de la tarifa plana de 50 euros; o la bonificación del cien por cien de la cuota de la Seguridad Social a autónomos afectados por la COVID-19 o en cuarentena.

En Castilla y León, Vázquez ha señalado que el Ejecutivo regional “ha hecho dos cosas fundamentales: un plan de choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas, con un total de 82 millones de euros; y la puesta en marcha de líneas de crédito y subvenciones
por parte de la Junta y de Iberaval, principalmente dirigidas al sector hostelero, por un valor de 290 millones”.