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El diputado del Partido Popular por Segovia, Jesús Postigo, y la procuradora en las Cortes de Castilla y León, María Ángeles García, han manifestado este martes la preocupación por “el incremento de la ocupación de viviendas a nivel nacional”, aunque han reconocido que esta situación traducida a la provincia “no es grave”.
Según los datos aportados por los populares en el marco de una rueda de prensa celebrada en la sede provincial de la formación, en los últimos dos años se ha producido un incremento de un 23 por ciento en la ocupación de viviendas y actualmente se registran entorno a 41 denuncias al día, con un acumulado total de 7.450 denuncias en la primera mitad del año 2020, “cifras que no se alcanzaban desde el año 2013”, según ha apuntado Postigo.
Ante el desconocimiento de datos concretos por territorios, el grupo parlamentario popular de Segovia ha solicitado al Gobierno central información detallada “en cuanto a la situación real de las ocupaciones en cada provincia y las circunstancias que puedan rodear este hecho”, según ha señalado el diputado.
A los populares les preocupa “el efecto dominó” que pueda producir la ocupación de viviendas más allá de las grandes capitales; además de “los perjuicios que genera tanto en barrios como en municipios enteros por la pérdida de seguridad ante la actuación de mafias y ocupantes”, según ha aseverado la procuradora popular.
“Esta necesidad de una regulación expresa”, señala García, llevó al debate de una PNL en el último Pleno de las Cortes de Castilla y León, que recogía la solicitud de compromiso del Ejecutivo autonómico “contra la ocupación ilegal de viviendas y la devolución de los inmuebles ocupados; además de impulsar la cooperación institucional para reforzar la eficacia de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia; e instar al Gobierno central a proceder a una serie de reformas jurídicas y modificaciones legislativas enfocadas a la protección de los derechos de los propietarios y legítimos poseedores de viviendas, que es quien tiene en sus manos modificar la legislación”.
En este sentido, la procuradora popular ha criticado al grupo socialista en las Cortes, que se abstuvo en el último punto , “para no disgustar a su socio”.
En el marco nacional, el diputado Jesús Postigo ha hecho referencia a la Proposición de Ley presentada por el Partido Popular en la que, entre otros aspectos, indica que “se podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas, sin necesidad de esperar meses, y además, se refuerza el delito de usurpación con penas de hasta 3 años de cárcel y se penaliza expresamente a las mafias que se lucran alquilando viviendas ocupadas”.
Por último, Postigo ha afirmado que la Ley propuesta por el PP da potestad a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación y poder acudir a las autoridades, “cuando en ausencia del propietario, los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres; e incluye, que los ocupas no podrán empadronarse en la vivienda ocupada”.







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