El Pleno de la Diputación aprueba el Acuerdo Marco de Servicios Sociales, pese al voto en contra del grupo Socialista

Ha sido precisamente la aprobación del mencionado Acuerdo Marco con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León sobre la cofinanciación de los Servicios Sociales para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 el asunto que ha dado inicio a la sesión, tras el visto bueno al acta del Pleno anterior. Con un presupuesto global para los cuatro años de 24.221.350,92 euros, este acuerdo, que se centra, como áreas de acción, en los Profesionales de los Equipos de Acción Social, en la Atención a Situaciones de Dependencia, en la Red de Protección a las Familias y en la Igualdad y la lucha contra la Violencia de Género, supone el instrumento de colaboración y financiación, en materia de Servicios Sociales, entre la Administración Autonómica y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones.

El debate en el Pleno llegaba debido a que, en opinión de los socialistas, la cifra “es insuficiente” y “la negociación no ha sido suficientemente buena”; argumentos a los que el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, respondía señalando que este acuerdo incrementa prácticamente en dos millones de euros el del trienio anterior y recordando a Máximo San Macario, portavoz socialista, que el Ayuntamiento de Segovia también ha formado parte de la negociación. “Yo estoy muy orgulloso de la calidad que se está dando y en la implementación de una atención personalizada”, puntualizaba Miguel Ángel de Vicente para poner fin al debate y proceder a la votación del asunto, que concluía con la aprobación del Acuerdo Marco, pese a los votos en contra del grupo Socialista.

Acto seguido, tras la aprobación sin intervenciones de los siguientes asuntos en el orden del día, llegaba el turno para las mociones, que se veían encalladas, de forma especial, en las propuestas llevadas a Pleno por el Grupo Popular y el Grupo Mixto respectivamente, sobre la unidad de España y sobre la posición contraria a las concesiones a los grupos independentistas. Ambas mociones eran de nuevo rechazadas por los socialistas y aprobadas con los votos de los populares y del Grupo Mixto formado por Ciudadanos.

Tampoco el grupo Socialista se mostraba a favor de la moción presentada por el Grupo Popular sobre una nueva regulación de la norma del Registro Civil, en la que el equipo de Gobierno y el resto de diputados populares pedían “reclamar al Gobierno de España la aprobación de una norma que permita, antes del 30 de junio de 2020, preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito” o “garantizar su acceso a todos los ciudadanos, manteniendo su ubicación en las mismas localidades en que se encuentran las sedes de los actuales registros civiles”, entre otros puntos.

En lo que sí se ponían de acuerdo −aunque con enmiendas y contraenmiendas− los tres grupos representados en la Corporación Provincial era en las propuestas presentadas por el Grupo Mixto Ciudadanos, en relación a las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, y, por el grupo Socialista, en referencia a la reforma de la Ley del Juego.
Así, por una parte, el Pleno acordaba instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre otros asuntos, “a informar sobre el estado de cumplimiento de la Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ((TJCE/2010/111) donde se declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba- Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), instándole en todo caso al cumplimiento estricto de la misma”, así como a “aplicar las fórmulas viables, técnica y económicamente, para compensar a la ciudadanía de Segovia por el pago de peaje, por utilizar vías de alta capacidad que les conectan con Madrid”.

En cuanto al acuerdo alcanzado en referencia a las casas de apuestas, la Diputación se ha comprometido a “instar a la  Junta de Castilla y León a cambiar la Ley Reguladora del Juego y las Apuestas, asegurando un análisis de la misma junto a las organizaciones sociales del sector, pudiendo incorporar, entre otros aspectos la regulación publicitaria, las cuotas impositivas, el régimen sancionador, los programas de prevención, un mayor control en los horarios o un aumento de distancias a lugares públicos frecuentados por jóvenes y menores, entre otros”. Además, la institución mantendrá la solicitud a la Junta de la paralización de licencias, desde hoy hasta que exista una nueva ley al respecto, siempre que jurídicamente sea posible.

Finalmente, la única moción que no ha salido adelante en la sesión de hoy, ha sido la presentada por el grupo Socialista, que pedía una convocatoria para adjudicar a los Ayuntamientos interesados equipamiento mobiliario para los espacios públicos.