Elena García Gil, ex vicepresidenta de Caja Segovia y procesada por el caso de las prejubilaciones millonarias de sus ex directivos, reclama 60.000 euros a Izquierda Unida y otros 60.000 a la Fundación Caja Segovia por entender que haber estado inmiscuida en dicho procedimiento judicial le ha perjudicado al derecho a su honor. El acto de conciliación se celebra este 9 de enero de 2020 en el Juzgado de Primera Instancia no 5 de Segovia.
Desde Izquierda Unida manifiestan a través de un comunicado que “en los diferentes procedimientos penales en los que hemos estado personados, y que estaban relacionados con la gestión de numerosas personas en el seno de Caja Segovia, han visto indicios de delito Juzgados de Instrucción, la Audiencia Provincial de Segovia y diferentes partidos políticos, así como la inmensa mayoría de la sociedad segoviana, pese a que por diferentes motivos, algunos de ellos especialmente graves (como la retirada sorpresiva de la acusación particular de la Fundación Caja Segovia sobre la base de un acuerdo todavía secreto), ha tenido lugar la absolución momentánea de muchos de los acusados, o el sobreseimiento en otro caso”.
La formación prosigue: “La personación y acusación mantenidas por Izquierda Unida no suponen que haya habido en momento alguno nada personal contra ningún ciudadano que haya tenido que rendir cuentas ante la administración de justicia con motivo de las decisiones que tomaban con ocasión del ejercicio de los cargos de enorme responsabilidad que tuvieron”.
“En definitiva, entendemos que el hipotético daño que haya sufrido el honor de la Sra. García Gil o cualquier otra persona que se ha visto involucrada en diferentes procedimientos penales, y los que puedan surgir en el futuro, no tiene relación alguna con el ejercicio por parte de Izquierda Unida del legítimo derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, que permite a todos los ciudadanos ser amparados por los tribunales de justicia cuando consideran, como ha sucedido con varios casos en Segovia, que los derechos irrenunciables han sido atropellados”, añaden.
“Izquierda Unida se muestra orgullosa del papel que ha desempeñado como acusación popular en los procesos de Caja Segovia, en los que ha trabajado intensamente para defender los derechos de la ciudadanía ante unos hechos que han generado mucha indignación y perjudicado al conjunto de la sociedad segoviana. Nuestra organización seguirá trabajando desde todos los ámbitos para defender a la ciudadanía de Segovia de acciones que la perjudiquen, como ha sido la desaparición de Caja Segovia”, concluye el comunicado.
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