Ciudadanos Castilla y León insta al Gobierno a que se ponga fin a la concesión del peaje de las AP-6, AP-51 y AP-61

El texto recoge que, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2010, el Ejecutivo puede negociar con las empresas adjudicatarias que finalice la concesión de estas vías de comunicación, como ya ha hecho en muchas del Corredor Mediterráneo.

Asimismo, solicita que se realice un estudio económico-financiero para ponderar los costes de la liberalización de estos contratos y que se analice la aplicación de medidas complementarias que beneficien a los usuarios frecuentes o habituales de estas autopistas, como una reducción de la tarifa o la compensación completa.

La formación naranja ha recordado que la despoblación y el envejecimiento demográfico siguen siendo los principales problemas de Castilla y León – en los últimos ocho años se ha perdido el 5% de la población – y que hacen falta medidas estructurales para que los ciudadanos decidan no abandonar la Comunidad e instalarse definitivamente en Madrid. Algo especialmente sangrante si se tiene en cuenta la posición estratégica de la Comunidad Autónoma y las posibilidades que supone el desarrollo del Corredor Atlántico.

El partido liberal también ha criticado el abandono de la Administración del Estado que, lejos de acabar con las diferencias entre regiones, ha acrecentado con su inacción las carencias y los retrasos de inversiones en materia de infraestructuras y comunicaciones, tanto las móviles como las terrestres; así como ha afeado las promesas del Partido Socialista para eliminar los peajes en otras autonomías –  autopistas AP-7 entre Alicante y Tarragona y en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz – mientras calla cuando el Gobierno central relega a las provincias de Ávila y Segovia al olvido y castiga a sus ciudadanos.

Un decreto que "pejudica a los ciudadanos y empresas radicadas en las provincias limítrofes con la capital"

Del mismo modo, el partido liberal ha advertido que "el Ministerio de Fomento parece querer mantener el sistema de concesión administrativa hasta 2024, para luego ampliar la concesión otros siete años más (hasta 2031), según recoge el Real Decreto 756/2019 de 27 de diciembre. Un decreto que, lejos de reducir las tarifas, las aumenta y perjudica a los ciudadanos y empresas radicadas en las provincias limítrofes con la capital".

La PNL insiste en que la eliminación de estos peajes igualaría las oportunidades de conexión y desarrollo en estas provincias limítrofes con Madrid, fundamental para crear empleo y facilitar la instalación de empresas que quieran asentarse en la periferia de la capital.

La procuradora de Cs por Segovia, Marta Sanz Gilmartín, ha asegurado que medidas de este tipo “son fundamentales para fijar población en las provincias limítrofes con Madrid” y ha criticado que, la falta de infraestructuras, “son una muestra de los olvidos intencionados de los socialistas para con Castilla y León”.

Sanz Gilmartín ha insistido que, en el caso de Segovia, “hay que intentar eliminar estos peajes para facilitar que los ciudadanos no se trasladen a Madrid y para incrementar la competitividad de las empresas”. La también secretaria tercera de la mesa ha afirmado que desde su partido esperan que “el nuevo Gobierno sea verdaderamente social y ayude a mejorar la vida de los segovianos”.