“Los errores judiciales existen. Ese auto fue un error judicial. Se han equivocado”, ha afirmado sobre la reapertura del juicio de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia Luis Rodríguez Ramos, abogado de varios de los acusados por los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal.
En declaraciones a los medios previas al inicio de la continuación del juicio este martes, Rodríguez Ramos ha reiterado además que “Caja Segovia era solvente” cuando sus directivos se repartieron 17 millones de euros en prejubilaciones millonarias, más que los beneficios declarados de la entidad en 2010. Que el caso del Torreón no tiene nada que ver con el de las prejubilaciones. Y que la Fiscalía de Segovia, que no ha visto indicios de delito, es “valiente, íntegra e imparcial”.
Preguntado por unas modificaciones contables de más de tres millones de euros en el caso de las jubilaciones (recursos humanos no había facilitado un documento de 2011 que correspondía a 2010) cuyo conocimiento trascendió durante el caso del Torreón, el letrado Luis Rodríguez Ramos ha respondido: “El Torreón es un asunto que yo creo que está ya archivado ¿no? Si no lo recuerdo mal. Una cosa es el Torreón y otras las prejubilaciones. El que quiera hacer una auditoría general de Caja Segovia, que la haga fuera de los tribunales y verá que todo estaba perfectamente bien. Ahora ya, las leyendas urbanas y las falsas noticias, que están tan de moda, desgraciadamente, podemos llegar adonde queramos ¿no?. Pero vamos, que Caja Segovia tenía beneficios, que Caja Segovia no estaba quebrada técnicamente, que Caja Segovia igual que Caja Rioja eran las dos únicas cajas sanas de ese pool que hicieron, para bien o para mal, es una realidad patente. Ahora, quien quiera decir tonterías, las puede decir, porque la libertad de expresión incluye las mentiras y las tonterías”.
Afirmaciones que no comparte el abogado de la acusación particular, la Fundación Caja Segovia, Rafael Iturriaga, quien ha respondido que Caja Segovia “tenía unos beneficios de 16 millones de euros que luego fueron corregidos y la provisión que se hizo para las prejubilaciones fue de casi 18 millones de euros, como se ha demostrado después”. Tampoco ha compartido la idea del abogado defensor de que la reapertura del juicio fue un error: “Ese procedimiento no tenía que haber sido archivado en un primer momento, tal y como resolvió la Audiencia Provincial estimando nuestro recurso de apelación”, ha dicho. Y preguntado sobre su continuidad en el caso, ha asegurado que “seguimos personados como acusación particular y no tenemos ninguna intención de retirarnos”.
Por su parte, el abogado de IU, Alberto López Villa, ha declarado, para sostener que Caja Segovia no era solvente cuando los directivos se repartieron los millones, que “nos basamos en los números y sobre todo en la constancia de las ayudas del FROB en diciembre de 2010, unos pocos días antes de que empezaran a percibir las prejubilaciones. Además también nos basamos en toda la contabilidad de Caja Segovia que estaba basada sobre unos activos no actualizados a la fecha debido a la excesiva exposición al sector inmobiliario y a la caída de dicho sector en toda España y en todo el mundo”.
En la jornada de este martes, en la continuación del juicio oral, se ha procedido al inicio de la prueba, con la declaración de los acusados (Atilano Soto, Elena García Gil, Manuel Escribano, Manuel Agudíez, Ángel Luis Tapias y Enrique Quintanilla) . Como datos de interés, ha presentado su renuncia la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) alegando “motivos de organización”; y un puñado de segovianos se han vuelto a personar en el Palacio de Justicia para seguir de cerca el juicio, a diferencia del fiscal jefe de Segovia, Antonio Silva, que hoy no ha estado presente en la Sala desde primera hora.







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