Un solo psiquiatra atiende a toda la población reclusa de Segovia, que presenta de media un 40% de patologías psiquiátricas

Según Pinto, la situación de los funcionarios de prisiones no ha mejorado con el Gobierno de Sánchez: “Desgraciadamente llevamos más de 18 meses de movilizaciones y la Administración penitenciaria no ha hecho ningún guiño, el ministro Marlaska tampoco. Cuando llegaron ellos al Gobierno en junio, nos encontramos encerrados en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con el Gobierno del PP y, mucho talante el Gobierno socialista, pero al día de la fecha, todavía no ha hecho ningún acercamiento a las posturas que se le demandan por parte de los trabajadores penitenciarios”.

Concretamente, en la Administración penitenciaria hay ahora mismo más de 3.500 vacantes a nivel nacional. En el centro penitenciario de Segovia, estas vacantes ascienden a 47. “La falta de personal es en todas las áreas, no solo en vigilancia. Ahora mismo solo hay por ejemplo un solo jurista para atender a toda la población reclusa del centro penitenciario de Segovia”, desvela.

50 agresiones en la cárcel de Segovia en diez años

Otro de los problemas que denuncian son las agresiones: “En el centro penitenciario de Segovia hemos tenido en los últimos diez años 50 agresiones, una de las cuales, la más grave, se produjo en 2008, con el apuñalamiento a un funcionario por parte de un interno”. Otra de sus reivindicaciones es que no son agentes de la autoridad: “Creemos que si tuviéramos la consideración de agentes de la autoridad en acto de servicio, el índice de las agresiones podría reducirse”, aseguran.

Una de las reivindicaciones históricas es la falta de retribuciones acordes con el trabajo. “La Administración penitenciaria el día 25 de septiembre hizo una propuesta salarial de un incremento de 123 millones a todo el colectivo en tres años y en 48 horas la retiró. En estos momentos, la situación está completamente paralizada. La Administración no solo no ha hecho nada por intentar solucionarlo, sino que ha incendiado más las prisiones. El ministro Marlaska y el secretario general de Instituciones Penitenciarias lo que han hecho es intentar dividir al colectivo penitenciario dando unas pequeñas bufandas que ascienden en algunos casos a 2.200 euros a directivos y mandos intermedios, y sin embargo, al resto de trabajadores, que somos los que estamos sacando el trabajo adelante, nos han dejado a cero patatero. Por lo que pedimos la dimisión del ministro y del secretario general, aparte de ese intento de dividirnos, es porque no solo nos agreden los internos, sino que el propio  ministro y el secretario general nos están amenazando con denuncias a los sindicatos y a los trabajadores, porque dicen que estamos manteniendo una huelga al parecer encubierta. Eso es rotundamente falso”, asevera.

Preguntado sobre si consideran que se trata de un problema de voluntad política o de dinero, el representante sindical responde que “creemos que es un problema de voluntad política. La Administración, el 25 de septiembre, nos hizo una propuesta al céntimo y a las 48 horas nos la retiraba y sin embargo daba 700 millones a la policía catalana. Basta ya de tenernos olvidados. No descartamos que en el mes de enero se incrementen las movilizaciones y no descartamos una huelga general”.