Grandes morosos, viejos conocidos

Por lo que respecta a Castilla y León, en un primer vistazo no se observan grandes novedades en el listado de “grandes morosos” que por cuarto año consecutivo acaba de hacer publico la Agencia Tributaria. El sector inmobiliario y de la construcción predomina entre el centenar y medio de empresas domiciliadas en esta comunidad que aparecen en dicha lista, algunas de las cuales son conocidas por haberse visto incursas en causas judiciales relacionadas con distintas tramas de corrupción.

Ahí está, sin ir más lejos, Urban Proyecta PM3, la inmobiliaria a la que la extinta sociedad pública Gesturcal adjudicó en su día la famosa “Perla Negra”, el edificio de la consejería de Economía cuyo presunto sobrecoste investiga el Juzgado número dos de Valladolid. Urban Proyecta sigue adeudando a Hacienda 15,6 millones de euros, al tiempo que Parqueolid Promociones, que comparte con ella accionariado, tiene pendiente de pago 1,2.

La que sin embargo ha reducido notablemente su deuda tributaria es Intercatia Corporación, la sociedad que, tras absorber a San Cayetano Wind y asociarse con Iberdrola, obtuvo una asombrosa plusvalía de 47 millones de euros investigada por el juzgado que se ocupa de la “trama eólica”. Intercatia, administrada por el que fuera delegado de Excal, Alberto Esgueva, aparecía en el listado del pasado año con 18,5 millones, cantidad que se ha reducido ahora a poco más de cinco.

El clan burgalés Arranz Acinas, uno de los socios locales integrados en el consorcio al que la Junta adjudicó el Hospital de Burgos, sigue adeudando a Hacienda más de 47 millones, 40,5 de los cuales corresponden al grupo Pantersa, que se encuentra en proceso de liquidación. En su día, Arranz Acinas acogió en su sede de Panamá la oficina comercial que la Junta mantuvo opacamente en dicho país. Precisamente, a causa de sendas transferencias bancarias recibidas en cuentas de Panamá y Suiza, dos miembros de la familia se encuentran investigados por el juez instructor del caso Lezo como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.

Otro viejo conocido de la Junta y de los tribunales, el grupo de origen leonés Martínez Núñez, este completamente en liquidación, aparece con una deuda global superior a los 53 millones de euros. Más de 14 de ellos corresponden a Teconsa, la empresa favorecida en el año 2.002 por las dos adjudicaciones de la consejería de Fomento (variantes de Olleros y Villasana de Mena) que la sentencia del caso Gürtel califica textualmente como “irregulares”, declarando probado que fueron conseguidas “gracias a la intermediación de los acusados, en contraprestación de lo cual cobraron la correspondiente comisión”.

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